La quema de maquinaria pesada perteneciente al ingenio azucarero Riopaila el pasado primero de julio en la vereda Holanda, municipio de Padilla, norte del Cauca, solo es la punta del iceberg de una problemática mucho más grande que hasta ahora ha pasado de agache en esa zona del país.
SEMANA recogió testimonios de varios trabajadores y contratistas de los cinco ingenios que poseen tierras en el norte del Cauca y conoció relatos estremecedores. Por ejemplo, hombres armados y encapuchados impiden el libre desarrollo del trabajo. “Nos dicen que si nos ven laborando para los ingenios nos matan”, contó una fuente que pidió reserva de su nombre.
“Están limitando nuestro derecho a trabajar. Ellos piensan que les hacen daño a los empresarios, pero indirectamente nos lo hacen a nosotros”, añadió la fuente. La problemática por la ocupación irregular de tierras por parte de comunidades indígenas en el Cauca ha provocado violentos choques con la fuerza pública y la pérdida de empleo y competitividad comercial.
El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) ha señalado que su misión es liberar a la pachamama (Tierra) de la explotación derivada del cultivo de caña. Bajo esa premisa han ocupado tierras y haciendas completas.
En la actualidad, según cálculos de empresarios, hay alrededor de 5.000 hectáreas de terrenos baldíos, improductivos, que fueron despojados a la fuerza. “Lo que está ocurriendo hoy no sabemos si es obra de los indígenas, lo que sí sabemos es que llega un puñado de hombres encapuchados y armados, nos dicen que debemos salir del terreno y que no nos quieren volver a ver por allá. Luego esas tierras son ocupadas irregularmente: hacen un par de casetas en guadua, pero no la trabajan. La dejan ahí baldía”, contó uno de los trabajadores amenazados por estas bandas invasoras.
El día de la quema de maquinaria pesada del ingenio Riopaila fueron hombres armados y encapuchados los que intimidaron a los trabajadores y los obligaron a dejar sus quehaceres a la mitad. Por medio de su presidenta, Claudia Calero, Asocaña rechazó el hecho: “Es de extrema gravedad que se atente contra la integridad y la vida de nuestros colaboradores, personas que trabajan por el bienestar de sus familias y el desarrollo del norte del Cauca”.
Asimismo, indicó que “esto es un atentado contra la vida, el trabajo, la iniciativa empresarial, la productividad y el progreso de una región que está cansada de las acciones de los violentos”.
“No sabemos qué va a pasar”
La incertidumbre en el norte del Cauca, donde confluyen estructuras disidentes como las columnas Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, ha ido en crecimiento de cara al próximo Gobierno. “No sabemos qué va a pasar con este nuevo Gobierno. No sabemos si la defensa de los derechos es para unos y para otros no”, dice una de las fuentes protegidas.
Para él, que ha trabajado en esta zona desde hace varias décadas, ha habido una permisividad del Gobierno nacional en la ocupación ilegal de tierras por parte de comunidades indígenas, así como en combatir el crecimiento de la criminalidad rural y urbana. Se queja, además, de que estas acciones de amenazas, despojo y agresiones solo han contribuido al crecimiento del desempleo. “Hay tierras que llevan siete u ocho años baldías, porque ellos (los indígenas) no las trabajan ni permiten que otros las trabajen”.
Ahora la preocupación, a gran escala, es que el anuncio del nuevo Gobierno de aumentar los impuestos a las tierras improductivas aplique también en estos casos, pues, aunque los indígenas tienen posesión de ellas, aún están registradas a nombre de los ingenios, que se verán obligados a venderlas al Estado.
SEMANA trató de comunicarse con el Cric para conocer su versión de estos despojos ilegales, pero extraoficialmente señalaron que no es nada nuevo y es un trabajo que se viene adelantando desde hace varias décadas. Sin embargo, señalaron que nada tienen que ver con el actuar de grupos de invasores encapuchados y armados.