La senadora Teresita García Romero lleva cinco años en el Congreso cargando una pesada cruz a cuestas. Ser la hermana del exsenador Álvaro García Romero, aquel dirigente al que acusó Gustavo Petro de haber conformado grupos paramilitares y que posteriormente la justicia condenó como autor de una de las peores masacres de las Autodefensas, la de Macayepo (Sucre), perpetrada el 14 de octubre del 2000, cuando fueron asesinados 15 campesinos, y más de 200 familias obligadas a desplazarse. Por esa razón, los investigadores y comentaristas políticos la han señalado de ser la voz de su hermano en el Congreso y la heredera de su caudal electoral. Ese estigma, incluso, lo ha cargado la propia congresista en sus primeras actuaciones en el actual período legislativo. Fue la única senadora que se declaró impedida para participar en el debate que Iván Cepeda adelantó contra Álvaro Uribe, precisamente por que su hermano fue condenado a 40 años de prisión por paramilitarismo. Aunque desde el pasado 20 de julio su presencia en el parlamento ha pasado inadvertida, la senadora de Opción Ciudana (antiguo PIN) decidió romper su silencio. Citó a control político al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y al director de la Policía, general Rodolfo Palomino, para denunciar, palabras más palabras menos, que el paramilitarismo, ahora mutado en la banda criminal del Clan Úzuga (Urabeños), sigue vivo en el departamento de Sucre. Quizá este debate, que se llevará a cabo en Sincelejo, donde sesionará este jueves la Comisión Segunda, sea una estrategia política de la congresista para librarse del estigma heredado de su hermano, el ‘Gordo’ García. Pero en ese debate revelará cifras que por lo menos plantearán serios interrogantes a las autoridades, en su lucha contra las bacrimes, además de revelar una preocupante radiografía social del departamento, uno de los más desiguales del país. García Romero se atreverá a señalar en Sincelejo a la “violencia paramilitar” como la responsable de que Sincelejo sea la segunda ciudad más peligrosa del país, después de Montería, según la encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana del DANE 2013. El 49,1 % de la población encuestada manifestó que se siente insegura en la vía pública y en el transporte público (buses, paraderos y estaciones). Más preocupantes son las cifras de homicidios registrados en Sincelejo. Según un reporte de la Policía Nacional, este año, hasta el mes de agosto se registraron 90 muertes violentas, de las cuales 64 son por sicariato. Esta modalidad no es de extrañar, pues ha venido en ascenso desde el año 2010. Por ejemplo, el año pasado, de las 166 muertes violentas, 166 fueron por sicariato, y en el 2012 de 149 muertes violentas, 118 por sicariato. Es decir, en lo corrido del año, el 71 % de los homicidios son por arma de fuego, y en los últimos cinco años se han incautado 1.951 armas de fuego por porte ilegal, 343 en lo corrido del 2014. Detrás de esas cifras se esconde una realidad que la senadora García Romero se atreverá a denunciar: que Sincelejo se está convirtiendo en “la nueva escuela de sicariato” del país, pues afirma que la “modalidad predilecta por las organizaciones criminales”. Y una de las respuestas a este fenómeno puede estar en los niveles socio-económicos del departamento. Sucre cuenta con 826.780 habitantes, el 47 % de esta población se encuentra en la pobreza, el 10 % en la pobreza extrema, y el ingreso per cápita anual de la población es de solo US$150 dólares al año. La tasa de desempleo es del 10 %, el empleo formal del 45,3 %, y el de necesidades básicas insatisfechas es del 55 %. Ante las necesidades de la población, en Sincelejo se ha presentado un fenómeno económico muy curioso que ha impedido combatir efectivamente el sicariato: el mototaxismo. Según una investigación periodística de El Heraldo (6 de septiembre del 2014), en Sincelejo hay aproximadamente 40.000 mototaxistas, pues este negocio, que se ha convertido en una bomba de tiempo, genera el 70 % del empleo en la ciudad y el sustento de por lo menos 40.000 familias. Por esa razón, medidas como las que se adoptaban para prevenir el sicariato en las épocas de Pablo Escobar, como prohibir el parrillero, tendrían graves efectos sociales. Incluso la delincuencia ha llevado a la práctica de los paseos millonarios en las motos. Otra de las denuncias que presentará la senadora es la impunidad de la Fiscalía en Sucre. Para la muestra un hecho insólito. Entre el 2012 y el 2014 hubo 3.761 denuncias por violencia contra mujeres y niños, y se registraron 3.912 archivos de los procesos. Es decir, precluyeron más procesos que los denunciados. La ineficacia de la Fiscalía también se advierte en las siguientes cifras: en los 293 casos de acceso carnal abusivo a menor de 14 años, los 155 de acceso carnal violento, los 109 de actos sexual violento, no se ha registrado una sola condena. Además de la ineficacia de la justicia en el departamento, la senadora cuestionará a la Policía por su reducida presencia. Sólo en Sincelejo hay un policía por cada 388 habitantes, y en todo el departamento de Sucre un agente por cada 428 habitantes. “Hoy en el departamento de Sucre hay menos policías que en el 2012, actualmente 1.931 policiales se ocupan de la seguridad allí. Esas serán las denuncias de una senadora a la que califican como heredera de la parapolítica, la gran pregunta es si revelará algún tipo de alianza de los nuevos paramilitares con la clase política.