En un paquete sellado, enviado por medio de una reconocida empresa de mensajería, Claudia Toledo, exsecretaria de Infraestructura de la Gobernación de Santander, así como su esposo, el contratista Lenin Pardo, recibieron un mensaje claramente amenazante en contra de sus vidas.
En uno de los documentos los invitan a las exequias de sus hijos menores de edad y le dan el más sentido pésame a sus familiares.
“DE SAPOS ESTA LLENO EL CEMENTERIO... SI QUIERE ASISTIR AL FUNERAL DE ALEJANDRO Y SARA SIGA ABRIENDO LA BOCA (sic)”, señala uno de los aterradores mensajes escritos a mano con tinta roja.
La pareja de esposos asegura que esta no es la primera amenaza que reciben, pero sí la más grave, debido a que están metiendo a sus hijos con el único fin de amedrentarlos y que no continúen su colaboración con las autoridades.
En otro de los elementos enviados aparece una tarjeta de condolencias en la que se piden súplicas por el alma de Claudia Toledo. El nombre de la exfuncionaria también está escrito a mano en letra mayúscula. Debido a esta situación, les hicieron un llamado urgente a las autoridades para que les brinden protección y seguridad.
¿Por qué las amenazas?
En julio de 2021, un juez de control de garantías avaló el principio de oportunidad firmado entre Toledo y Lenin con la Fiscalía General. En el acuerdo se fijó la colaboración con las autoridades en las investigaciones por las irregularidades en la celebración de millonarios contratos para obras de infraestructura y públicas en el departamento de Santander durante la administración Richard Aguilar.
Toledo reconoció su activa participación en las irregularidades que se presentaron en la entrega de millonarios contratos de infraestructura, entre los que se encuentran la remodelación del estadio de fútbol Alfonso López, ubicado en Bucaramanga, y la rehabilitación y pavimentación del Corredor Agroforestal y Energético en San Gil.
Por su colaboración se le puso punto final a la persecución penal por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir. Su declaración también ha sido fundamental para vincular a otros funcionarios de la Gobernación y al ahora excongresista Edwin Ballesteros.
Proceso contra Richard Aguilar
El pasado 8 de febrero, la Fiscalía General acusó ante la Corte Suprema de Justicia a Richard Aguilar, en su calidad de exgobernador de Santander, por los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
El exmandatario, quien se encuentra privado de la libertad, es investigado por la entrega irregular de cinco contratos:
- Reforzamiento estructural del estadio de fútbol y adecuación de piscinas y del coliseo Vicente Díaz Romero, suscrito en febrero de 2014, y cuyo valor superó los 15.278 millones de pesos. Además, el contrato de interventoría y una adición reconocida por más de 6.700 millones de pesos. En relación con el contrato inicial, el exgobernador Aguilar Villa habría recibido dádivas por 2.300 millones de pesos. De igual manera, hay indicios de que permitió a terceros apropiarse de 7.683 millones de pesos.
- Mejoramiento, rehabilitación y pavimentación del Corredor Agroforestal y Energético, celebrado en diciembre de 2014. Este contrato fue entregado a la unión temporal Promesa Sociedad Futura Unidos por Santander S. A. S., de la que era empleado el primo hermano del papá del exmandatario.
- Suministro de raciones alimentarias para estudiantes de colegios oficiales de 82 municipios del departamento. Contrato del Plan de Alimentación Escolar (PAE) suscrito en agosto de 2014.
- Obras en el corredor vial San Gil-Charalá (Santander), celebrado en septiembre de 2014.
- Construcción del tercer carril de la vía Bucaramanga-Floridablanca (Santander), suscrito en septiembre de 2014.