La pandemia ha dejado en evidencia mayúscula las falencias del sistema carcelario del país. Al hacinamiento, falta de agua y ausencia de personal médico, entre otras problemáticas, se suma ahora la expansión de la covid-19, que ya se ha hecho sentir en 34 centros penitenciarios del país. En reporte del 14 de julio, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) presentó 1.639 casos activos y señaló que más del 86 por ciento de esta cifra está compuesta por hombres y mujeres privados de la libertad, y el restante corresponde a personal de vigilancia. La Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad de El Espinal, en el departamento de Tolima, es la más afectada con 596 casos. En este contexto, SEMANA conoció el testimonio de tres reclusas que denunciaron negligencia, maltrato y malos manejos de la crisis desatada por el virus en la cárcel El Buen Pastor en Bogotá. Según relatan, una de sus compañeras de patio dio positivo por coronavirus en días recientes y fue traslada a una clínica para ser atendida. Sin embargo, y pese a que el caso fue conocido por guardias y personal administrativo, las internas aseguran que el Inpec no ha tomado todavía las medidas necesarias para preservar la salud del resto de mujeres que están recluidas.
“En el tramo donde ella (la mujer que dio positivo) vivía somos 44 que tuvimos contacto directo. La solución de ellos (el Inpec) es aislarnos a todas y meternos en un pasillo y cerrar una reja”, afirmó una de las reclusas. Añadió que en el patio hay alrededor de 400 internas más, entre quienes hay personas de la tercera edad, y que tanto la alimentación como los medicamentos suministrados se quedan cortos para hacer frente al coronavirus.
Otra de las mujeres denunciantes coincidió en la ausencia de “comida de calidad” y se quejó por las pobres condiciones de infraestructura de la cárcel, en donde “los techos están cayéndose y las aguas negras, desbordándose”. Adicionalmente, aseguró que su compañera contagiada no fue tratada oportunamente debido a la negligencia del personal médico del centro penitenciario. “Tenemos temor entre todas nosotras. Queremos que venga un médico a vernos y lo único que hicieron fue ‘empasillarnos‘ y hacinarnos. Trajeron personas de otros patios a meterlas acá donde hay un foco de infección”, dijo.
Pero fue el último testimonio el que dejó ver con más claridad la desesperación e incertidumbre de estas mujeres. Aparentemente, tan pronto se supo que había una contagiada en el patio, el numero de reclusas por celda fue duplicado y esto solo sirvió para empeorar una situación en la que las carencias ya abundaban. “Estábamos de a dos o tres en cada celda y cogieron, la semana pasada, el jueves, más gente y ahora estamos de a tres, cuatro o cinco. Estamos desesperadas y necesitamos ayuda”, aseveró.
El colectivo Mujeres Libres, que reúne a mujeres que alguna vez estuvieron privadas de la libertad, fue el encargado de divulgar estas grabaciones hechas desde el centro penitenciario para mujeres. Su vocera, Jazmín Reyes, mostró su preocupación ante lo acontecido y calificó de “desastre” el estado en que se encuentran las cárceles en Colombia. Fue crítica y denunció falta de tapabocas y agua para que las mujeres puedan hacer un correcto lavado de manos y mantener la higiene. “Estas mujeres están angustiadas porque no saben qué va a pasar, ni qué medidas se van a tomar para prevenir el contagio del virus dentro de ese grupo tan grande de mujeres, más de 2.000”, señaló. Al ser cuestionado por las denuncias de las mujeres, el Inpec comunicó que ya se está trabajando con la Secretaría de Salud para llevar a cabo un cerco epidemiológico dentro de El Buen Pastor y someter a pruebas a todas las internas, empezando por aquellas que compartieron con la reclusa que tiene el virus.
Estos testimonios tienen lugar tan solo una semana después de que una Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil, compuesto por siete organizaciones no gubernamentales, publicara un informe en el que revelaba los problemas de las cárceles del país en términos resocialización, infraestructura, hacinamiento y salud.
Luego de varios meses recorriendo diferentes centros penitenciarios y entrevistándose con personas privadas de la libertad, la Comisión encontró que persiste “un estado de cosas inconstitucionales” como ya había señalado en 1998 la Corte Constitucional. Estado que se agravó a raíz de la pandemia y que obligó a la Comisión a hacer un llamado para que la población carcelaria tenga acceso a medidas de seguridad que disminuyan sus posibilidades de contagio. Teniendo en cuenta este riesgo, el cual es mayor con los niveles de hacinamiento que hay en las cárceles de Colombia, el presidente Iván Duque expidió el Decreto 546 que tiene como finalidad excarcelar alrededor de 4.000 personas durante 4 meses, tiempo en el que espera que acabe la pandemia. Por su parte, la ministra de Justicia, Margarita Cabello, en una visita que realizó ayer martes a Pereira, invitó a los jueces del país a imponer medidas de aseguramiento intramurales solamente en casos excepcionales y así disminuir el impacto del virus.