La llamada no duró más de cuatro segundos, recuerda Lina Tabares, defensora de Derechos Humanos y excandidata al Concejo de Jamundí, Valle, por el Partido Verde. —¿Aló? ¿Con Lina Tabares? —Sí, con ella —Vieja malparida, contá las horas que te vamos a matar. Cuatro segundos. El tiempo suficiente para que esta líder social y acompañante en procesos de restitución de tierra volviera a sentir miedo y zozobra, pues ya ha vivido atentados en su contra. Las últimas tres veces que recibió llamadas de este tipo los hechos no se quedaron en amenazas y a pesar de contar con un esquema de seguridad, los violentos procedieron. Le recomendamos: “El presidente debe alejarse de la gente que lo rodea políticamente”: Alcalde de Cali. El primer atentado ocurrió en 2017. Cuatro sicarios en moto la atacaron con arma de fuego y, aunque salió ilesa, su escolta resultó gravemente herido. Del segundo atentado, también con arma de fuego, logró salir ilesa. Y en el último, hace un año, dos jóvenes instalaron en su casa de Jamundí varios artefactos explosivos de fabricación manual. Lina no estaba, pero en esa ocasión fueron sus hijos los que estuvieron expuestos. Con ese antecedente, Lina sabe que esas llamadas no son un juego. Y menos cuando hizo público en sus redes sociales el número de la última amenaza. “Inmediatamente un antiguo compañero me escribió y me dijo: ‘Ojo que de ese mismo número me amenazaron a mí’”. El compañero al que Lina hace referencia es Gustavo Enrique Mestre, un defensor de derechos humanos y también acompañante en procesos de restitución de tierra, quien sufrió un grave atentado. “Él tuvo que salir del país, porque lo hirieron con arma de fuego"‘. Lina desde hace más de una década trabaja con comunidades indígenas y afrodescendientes de la zona rural plana y alta de Jamundí. Un terreno que hace parte del llamado ‘Corredor Estratégico’ que utilizan disidencias de las Farc y bandas criminales para transportar cargamentos de droga desde Corinto, Caloto, Miranda y Toribío, norte del Cauca, hacia el Pacífico caucano. En esa zona tiene principal injerencia la columna disidente Jaime Martínez, que está bajo el mando de alias Mayimbú, presunto autor material de la masacre en Suárez, Cauca, el 1 de septiembre donde fallecieron la candidata Karina García y cinco personas más. Cuatro días después de esa masacre, el 5 de septiembre, militares desplegados por el batallón Pichincha para contrarrestar el actuar de Mayimbú en la zona rural de Jamundí y el noroccidente del Cauca, se vieron envueltos en un presunto falso positivo contra el joven líder indígena Ómar Guasaquillo en el corregimiento Villa Colombia. Le puede interesar: La joven caleña Valentina Castro no se suicidó, su novio la habría asesinado. De ese proceso, que tendrá imputación de cargos la próxima semana contra 34 militares, Lina es testigo clave. “Nosotros, como defensores de derechos humanos, llegamos al sitio y acompañamos a la comunidad”. Tanto Lina como Diego Alexis Vega Chavarría, sobreviviente del ataque donde falleció Ómar, tendrían cómo demostrar que el Ejército disparó contra el joven comunero por la espalda, a pesar de que ya se había identificado como guardia indígena. “Después de esa llamada he recibido otras donde me dicen que si me vuelven a ver por Villa Colombia me van a matar”, señala Lina, quien periódicamente va hasta esa zona con miembros del CTI y otras autoridades forenses que están reconstruyendo el caso.