La conclusión del IDH 2011 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) fue contundente en determinar que la principal talanquera para el desarrollo humano en Colombia es la alta concentración de tierras en pocas manos. El Informe afirma que el 52 por ciento de la gran propiedad está en manos del 1,15 por ciento de la población, algo que termina por verse reflejado en el denominado coeficiente de Gini (que mide la desigualdad entre ricos y pobres) que indica que en materia de concentración de tierras en Colombia es de 0,85, un número alto si se tiene en cuenta que la escala va de 0 a 1. El índice general para Colombia es de 0,58, uno de los peores del mundo. El diagnóstico del PNUD señala que el modelo de desarrollo agrario que se ha venido aplicando en Colombia en las últimas décadas solo ha favorecido aún más la concentración de tierras. Después de la apertura económica, la lógica de “más mercado y menos Estado”, sumado al debilitamiento de las instituciones y al control de territorios por parte de los grupos armados ilegales dejaron como resultado una estructura agraria inequitativa. “Toda la estructura de tenencia de la tierra y estructura agraria que tiene el país impiden y dificultan el desarrollo humano”, reza el informe. La tierra en Colombia, además, se ha convertido en un bien especulativo que se acumula para obtener rentas sin ningún esfuerzo productivo. Es símbolo de riqueza, estatus, y prestigio social, algo que no ocurre en otros países. Eso explica en parte las luchas que se han dado por tenerla y es una de las razones por las cuales no han prosperado las reformas agrarias que se vienen intentando desde los años 30 del siglo pasado. Colombia es rural Uno de los mitos que se derrumban con el informe es que Colombia es un país urbano, pues casi la tercera parte de la población es rural (en vez de un cuarto como lo dijo el censo de 2005), que señala que 75,5% de los municipios colombianos son rurales y representan el 94,4% del territorio, según el nuevo índice de ruralidad construido por los investigadores. Por eso, si Colombia quiere modernizarse debe solucionar primero el conflicto agrario. El informe explica que el país si bien tiene un potencial de 21,5 millones de hectáreas, solo cultiva el 22,7 % de las tierras aptas (4,9 millones de hectáreas). En cambio, hay una ‘ganaderización’ de la tierra en Colombia, pues 39,2 millones de hectáreas están destinadas para pastos, rastrojos y malezas, de las cuales 31,6 están usadas en ganadería bovina, donde hay menos de una cabeza de ganado por hectárea. Ese territorio es 10,6 millones más grande que el de las tierras aptas destinadas para producción de alimentos. Esto resulta paradójico porque Colombia es de los pocos países del mundo, junto con Brasil que dispone de tierras para expandir su frontera agrícola. Los conflictos por el uso de tierra para ganadería, agricultura, minería o para fines de conservación requieren una pronta solución. El narcotráfico es un elemento adicional que incide en el conflicto agrario de manera especial en Colombia y que se ha traducido en el despojo y desplazamiento de los habitantes rurales del país. El informe cifra el despojo de tierras en 6,6 millones de hectáreas, es decir, el 12,9 por ciento de la superficie agropecuaria; de las cuales se han recuperado 495.493. De ese total, el 73 por ciento corresponde a minifundios y propiedades pequeñas de hasta 20 hectáreas. Como consecuencia, en los últimos 13 años, unos 3,6 millones de personas han sufrido el desplazamiento forzoso, el 65 por ciento de ellas menores de 25 años y el 14 por ciento con menos de 4 años. Así mismo se midió qué tan democrática ha sido la sociadad rural colombiana, en medio del conflicto armado que la agobia, vinculándose su carencia con una mayor pobreza de los habitantes. Según un modelo aplicado por los investigadores, se encontró que en las poblaciones en donde hubo menos alternancia política y pesisitó el control de las elecciones por parte de un solo grupo o partido político, hubo más necesidades básicas insatisfechas, más miseria y más precariedad en los servicios. Razones para la esperanza El informe llega en un momento crucial, en que el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos se embarca en la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y justo cuando se está creando una nueva Ley de Desarrollo Rural que busca complementar la de las víctimas y generar oportunidades para que los campesinos tengan un futuro económico en el campo. El PNUD propone una "reforma rural transformadora" para cambiar esa estructura inequitativa y democratizar la tenencia de la tierra. Esto no significa que todas las grandes propiedades deban ser desconcentradas, sino aquellas que no están siendo utilizadas de forma adecuada, como muchas de las que están dedicadas a la ganadería extensiva. La clave está en un reordenamiento territorial que permita la transformación que necesita el país. Este es un acto, sobre todo, de voluntad política. El informe le dice al gobierno que no está solo, que se apoye en una red de investigadores, académicos y pensadores y propone acuerdos entre el Estado y la sociedad civil, abogar por la seguridad humana, la inclusión de los grupos minoritarios y la generación de confianza de la población hacia las instituciones.