A las 8:26 a. m. suena el segundo Tik Tak de este jueves 16 de junio en SEMANA y suena por los lados del ‘oso’ que finalmente está terminando por hacer el Tribunal Superior de Bogotá por cuentas de un magistrado que proyectó un fallo de tutela.
En su intento de abusar de esa institución de la tutela, quiso obligar a los candidatos a acudir hoy a un debate televisado, y desde el comienzo fue evidente que era una exigencia no solo prácticamente imposible de cumplir, sino contraria a los derechos que garantiza la democracia y que contraría incluso su propia lógica.
El ingeniero, en ejercicio de su derecho, pues acaba de sacar su lista de exigencias que incluye el lugar del debate: Bucaramanga, a tres mujeres periodistas para que pregunten ―Vicky Dávila, Darcy Quinn y Jessica de la Peña―, que no necesariamente gustan mucho en el petrismo, y un temario antipetrista infinito, como: campaña sucia de las campañas, la toma de una campaña por parte de la politiquería y de los corruptos con amplia lista de prontuarios.
Petro hábilmente a esta hora ha aceptado todas las exigencias, inclusive la de asumir los costos del debate. Pero para eso tiene que hacer y pagar el contrato con RCTV, que incluye mandar los equipos por tierra a Bucaramanga o hacer un segundo contrato con un canal regional. Y todavía falta la reunión de los compromisarios de las dos campañas para definir contra preguntas y réplicas. ¿Cómo puede en una hora, que exige el magistrado del Tribunal que dura el debate, desarrollarse un temario serio sobre el manejo del país? Chimbo, rechimbo.
A ese magistrado le faltó haber tenido la experiencia, alguna vez en su vida, de organizar un debate político entre candidatos presidenciales. Y le faltó, además, un largo estudio sobre el hábito de los colombianos de sintonizar en sus televisiones el canal público, o si hoy por hoy los colombianos se informan más rápido y frecuentemente por las redes sociales.
Porque aquí, lo que por lo menos él puso en discusión, es el derecho de los colombianos a estar informados. Pero sí deja este caso el temor de ¿hasta dónde se atreverá a llegar un juez en su respuesta a una tutela? Solo se necesita a un ciudadano, con imaginación, para interponer una tutela con una exigencia imposible, para que un juez proclive ―que desde luego y por fortuna no lo son en su gran gran mayoría los jueces colombianos― termine concediendo lo que pide la tutela, incluso pisando el terreno de tergiversar los derechos fundamentales y las garantías de libertad de expresión que acompañan a una democracia. Dan ganas de decirle más bien a ese magistrado: “ola, coja oficio”.
Porque tener a los dos candidatos hoy, discutiendo esa cantidad de detalles minuciosos acerca de una confrontación televisiva cuando estamos a jueves y las elecciones son el domingo, es francamente poner a la democracia patas arriba.