Suena el segundo Tik Tak de hoy miércoles, 15 de febrero, en SEMANA y suena por el lado de otra frase memorable de Gustavo Petro en el balcón en el día de ayer: “Me dicen dictador por dejar nuestra obra en manos del Congreso”, dijo ayer el presidente desde una ventana de Palacio.
Lo que está por verse es si esa frase es cierta, porque ayer 25 parlamentarios -encabezados por el senador Humberto de la Calle- enviaron una carta a los presidentes de Senado y Cámara con una alarma, con una advertencia que parece muy técnica, pero que en realidad no lo es, porque tiene por objeto garantizar que la discusión de la reforma a la salud en el Congreso se haga por el camino correcto y no de afán ni pupitreada.
¿Qué dice la carta? En resumen que -por la jerarquía- reformas como estas deben hacerse no en sesiones extras, sino en sesiones ordinarias, y que debería ser revisada por la Corte Constitucional para que si el Congreso aprueba este revolcón, no pase que la Corte lo tumbe y el caos en el país sea peor.
Estos congresistas piden que las reformas tengan un espacio de deliberación para poder conseguir una certeza acerca de su constitucionalidad antes de que entren en vigencia. En resumen, que la reforma de la salud no puede ser una ley ordinaria, sino una estatuaria, porque trata sobre un derecho fundamental, que es el acceso a la salud de manera oportuna, eficaz y con calidad.
Si es cierto que el presidente Petro respeta las vías legales y deja en manos del Congreso el libre trámite de sus reformas, debería escuchar las motivaciones de esta misiva de los congresistas y no exponerse al caos de que se la tumben por razones de trámite.
Pero como si lo anterior fuera poco, una senadora, Norma Hurtado Sánchez, le hace al trámite de la ley de la salud otra delicadísima opresión u observación que no se presentó al Congreso con el obligatorio aval fiscal de parte del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, porque la ley 819 de 2013, en su artículo séptimo, dice que el impacto fiscal de todo proyecto de ley debe ser explícito y compatible con el marco fiscal a mediano plazo.
Y es que una de las cosas más peligrosas de esta reforma es que en algunos de sus caóticos artículos, amarra la reforma a la salud a que haya plata, pero el derecho de las cosas es tener claro primero de dónde saldrá la plata para arrasar la salud existente hoy en Colombia y reconstruirla después con dudosos resultados.
La senadora Hurtado solicita amablemente que le remitan la copia del aval del ministro de Hacienda, en donde constan las implicaciones fiscales del proyecto de reforma a la salud. He aquí entonces otro motivo por el cual podría ser declarada inconstitucional, porque no se puede poner en riesgo la atención de millones de colombianos a lo largo y ancho del país.
Según el exministro Fernando Ruiz la reforma podría costar ocho billones de pesos y que, en ese sentido, este Gobierno está jugando con candela. Según la ministra de Salud, Carolina Corcho, no sabemos cuánto cuesta esta reforma a la salud.