Suena el segundo Tik Tak de hoy lunes 3 de abril en SEMANA, y suena por los lados de hazmerreír en que tienden a caer los partidos políticos en Colombia.
Porque una es la orden de sus jefes, si se apoya o no en bancada un determinado proyecto, como ha sido, por ejemplo, el caso de la reforma a la salud. Aunque los jefes de La U y del Partido Conservador, Dilian Francisca Toro y Efraín Cepeda, estaban abiertamente alejados de esta reforma y se encontraban a la espera del articulado final que recogiera sus inquietudes y sus líneas rojas.
La versión definitiva fue presentada el viernes y sin que Dilian Francisca o Cepeda hubieran dado su visto bueno, pues increíblemente se les adelantaron dos ponentes pertenecientes a sus partidos y firmaron la ponencia que permite empezar a debatir el articulado.
Se trata de los representantes Camilo Ávila, de La U, y Gerardo Yepes, del Partido Conservador. ¿Dónde queda la autoridad de los partidos?, ¿dónde su coherencia como bancadas?, ¿dónde sus estructuras jerárquicas? Todas las reformas políticas imaginables han tenido como foco de preocupación frenar la posibilidad de que los gobiernos de turno puedan terminar negociando al menudeo con los miembros de los partidos y a punta de ofrecimientos y prebendas les quiten a los partidos su papel histórico.
Con eso se prostituye no solamente a los partidos, sino que se rebaja la importancia del debate parlamentario. Y el problema de la firma de estos dos ponentes, brincándose la autorización de sus jefes, es que finalmente el articulado a la reforma de la salud no recogió las inquietudes de los partidos. Por el contrario, en esencia, es la misma reforma descorchada desde el primer día por el Gobierno Petro, que incluye puntualmente: EPS disminuidas y con tendencia a su extinción, y el estado controlando la mayor parte del sistema de salud, aunque de puertas para afuera el Gobierno insista en que el sistema será mixto y no completamente de estatal como se pretendía originalmente.
Pero lo de mixto puede llegar a ser apenas cosmético, las EPS cambiarán su nombre de Empresas Prestadoras de Salud a la de Entidades Gestoras de Salud y Vida. En adelante conocidas como Egdis, pero pasar de EPS a Egdis no garantiza realmente su supervivencia, porque sus funciones de auditoría y gestión de riesgo quedan en el aire.
El actual sistema de aseguramiento que prestan las EPS pasa a ser un sistema público, y a estas alturas el articulado que comenzará a discutirse en el Congreso es el mismo causante de la crisis política que llevó a los partidos Liberal, Conservador, de La U y hasta a Cambio Radical a retirarle su apoyo.
Sumado esto a la burla de los ponentes de La U y del Partido Conservador, para quienes aquí no hay traición a sus partidos, sino una firma necesaria para que arranque el debate. Por lo que ellos, cariñosa y desinteresadamente, dejaron consignadas las suyas en la ponencia de la reforma, exponiendo, eso sí, a sus partidos en los que militan al hazmerreír general.
Escuche aquí le primer Tik Tak de hoy:
Tik Tak: la Iglesia: ¿cruzando cables con el Estado?
Arranca la semana de pasión. Y coinciden con ella las declaraciones de importantes prelados de la Iglesia católica, como el nuncio apostólico, que se despide del país, y el arzobispo de Bogotá. Ambos en labor evangelizadora, pero dejando abierto un interrogante: ¿hasta dónde debe la iglesia intervenir en decisiones que son propias del gobernante? Escuche a María Isabel Rueda.
Suena el primer Tik Tak de hoy lunes 3 de abril en SEMANA, y suena por los lados de la Semana Santa que inicia hoy, la Semana de Pasión. Porque quienes somos creyentes seguimos con respeto y convicción los permanentes reclamos de la Iglesia por el respeto a la vida y a uno de los diez mandamientos: no matarás, que en Semana Santa se hace más vigente que nunca.
La Iglesia hace sistemáticos llamados a la paz y a la conciliación, y en muchas oportunidades hasta prestan la labor de verificación de acuerdos con los trazados en armas y de los incumplimientos de los intentos de cese al fuego que periódicamente se buscan para bajarle la intensidad al conflicto.
La Iglesia es, en definitiva, protagonista y actor social de gran importancia e influencia en un país como Colombia, por eso desencadena una serie de reflexiones cuando sus prelados, en su acción humanitaria, se pasan de la raya y dan opiniones que corresponden solamente a quienes lideran los gobiernos y los objetivos del Estado.
Este fin de semana hubo cascada de ejemplos con motivo de la despedida del nuncio apostólico en Colombia y paralelamente con el inicio de la Semana Santa. El nuncio apostólico en Colombia, Luis Mariano Montemayor, fue trasladado por el papa a Irlanda, y su labor en el país se caracterizó por una discreta pero muy activa labor en el restablecimiento de los diálogos de paz con el ELN.
Hasta ahí le quedamos muy agradecidos a monseñor Montemayor, pero en algunas de sus declaraciones de despedida figuró una referencia al sangriento jefe del ELN, Antonio García, y concretamente acerca de las declaraciones que este dio sobre el asesinato, cuya autoridad fue reivindicada por el grupo guerrillero de nueve soldados y suboficiales mientras dormían tranquilamente en su base del municipio de El Carmen, Norte del Santander.
¿Qué dijo García? Que como no se ha afirmado el cese al fuego con el Gobierno, el ELN tiene derecho a sus acciones ofensivas, y más aún a sus represalias contra las acciones ofensivas del Ejército. Para el nuncio, estas declaraciones son graves, pero no parece que lo considera así por el inaceptable reto que hace García a las fuerzas orden, sino porque Antonio García justifica el asesinato de los militares como reacción a las acciones del Ejército. Y al nuncio Montemayor le parece que esto amerita una contestación del Estado a ver quién dice la verdad.
Insólito, como si el Estado tuviera que andar explicándole al ELN por qué hace sus operativos, y sobre todo, ¿por qué los hace cuando no hay ni siquiera un cese al fuego bilateral pactado? Y como si las Fuerzas Armadas legítimas del Estado, en el uso de su fuerza, estuvieran al mismo nivel de las huestes armadas ilegales y narcos del ELN.
Pero también habló el arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, Luis José Rueda, quien antepone el cese al fuego como algo prioritario y reafirma la necesidad de dialogar hasta con el Clan del Golfo. Es cierto, como dice monseñor Rueda, el evangelio predica la paz y la reconciliación, pero es que tanto la decisión de pactar un cese fuego bilateral, como la de incluir a los narcos en los diálogos de la paz total, tienen un amplio trasfondo político que es precisamente el campo de acción de un gobernante.
Un pacto de cese al fuego, por ejemplo, en opinión de muchos, requiere unas condiciones previas sobre con quienes lo pacte el Estado. No puede ser gratuito, porque si no conduce un avance real en la reconciliación y reincorporación, terminan en lo que terminó con el ELN: en un ofrecimiento unilateral del cese al fuego del Estado, pero por el lado de la guerrilla, una autorización para tomar represalias contra la vida de nuestros soldados, como olímpicamente dice Antonio García.
En cuanto a negociar con narcos, pues muchos conocedores y expertos alertan sobre los peligros que conlleva. Y sobre todo cuando se cruzan con ellos los cables de lo que es una negociación, y lo que es un sometimiento puro y simple a la ley y a la autoridad.
Para monseñor Rueda, los diálogos con el ELN no deben parar, aunque se haya producido el brutal asesinato de los soldados que dormían. Eso sí, dice que poniendo condiciones. Pero incluso eso corresponde no a una consideración eclesial, sino estatal. La de hasta dónde es prudente avanzar en una mesa de negociación sin que produzca ningún efecto haga lo que haga el ELN, como sucede en este caso.
La Iglesia a lo suyo y el Estado a lo suyo. Respeto absoluto por la labor evangelizadora de los prelados católicos, pero las decisiones de carácter político mejor dejémoselas al Estado y a sus gobernantes.