La justicia aún pende sobre las cabezas de los exguerrilleros de las Farc. El gobierno anterior blindó el acuerdo, volviéndolo parte de la Constitución del país, “pero en el resto del mundo aún les quedan cuentas pendientes”, explica María Isabel Rueda.
La periodista cuenta la historia por la cual Paraguay lo tiene en la mira. Todo se remonta a 2004 cuando Cecilia Cubas fue secuestrada. Cinco meses después, fue encontrada en una fosa con signos de tortura que se produjo antes de su asesinato. El cabecilla del grupo fue capturado y sentenciado a más de 34 años de cárcel. Se conocieron cosas como que su secuestro fue celebrado con un asado por el grupo delictivo.
Por ese caso, Granda está acusado de asesorar a la banda que secuestró y asesinó a la hija del expresidente de ese país, Raúl Cubas, y la justicia lo busca por cargos como homicidio y secuestro. Se revelaron correos y se conoció que Benítez, el jefe del grupo, había visitado a Granda en Colombia. Algunos de esos hechos salieron registrados en el computador de Raúl Reyes, que en Colombia nunca fue tenido en cuenta como prueba judicial. En su momento, el juez Pedro Martínez ordenó una orden de captura internacional contra Granda.
Las antiguas Farc intentaron presentar el caso como una persecución del gobierno colombiano, que nada tiene que ver con esa detención. Granda, según María Isabel Rueda, le debe a Paraguay la verdad de lo que sucedió a Cecilia Cubas.
Según María Isabel la conclusión de todo el episodio es que a los exFarc les dieron la impunidad en Colombia, pero no la inmunidad diplomática en el mundo.