Constante inseguridad es lo que denuncia Rodrigo Londoño, alias Timochenko, que viven los desmovilizados en los Llanos del Yarí, al sur de la Sierra de la Macarena. Según escribió en su cuenta de Twitter, grupos armados han desplazado más de un centenar de familias. Entre ellas, se encontrarían 64 niños, 15 personas con discapacidad y 15 adultos mayores. Estas personas serían del colectivo en reincorporación Urías Rondón.
Por eso, el también presidente del partido político Comunes pidió con carácter urgente el acompañamiento humanitario de la Misión de la ONU en Colombia a los firmantes del acuerdo de paz pues, de acuerdo con él, sus vidas están en grave riesgo.
Y es que cerca de 296 firmantes del acuerdo de paz han sido asesinados, si se tienen en la cuenta los 67 atentados y las 21 desapariciones forzadas que ha documentado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) también alertó mediante un comunicado oficial a los gobiernos nacional y departamental, a la JEP, la Defensoría del pueblo, la Procuraduría y los países garantes Cuba y Noruega sobre el desplazamiento de los firmantes de paz en Llanos del Yarí.
“Una grave crisis humanitaria afecta a todos los pobladores de los Llanos del Yarí en el municipio de la Macarena, Meta, y en particular a la población en proceso de reincorporación del ETCR Urías Rondón”, dice la misiva.
El CNR-Comunes rechazó, además, las acciones violentas cometidas contra las personas en proceso de reincorporación y describió como hechos de terror y humillación aquellos a los que fueron sometidos los firmantes de paz.
“El despojo de la dotación a los agentes escoltas, la incineración de los vehículos del esquema colectivo de esta comunidad de paz, es una clara amenaza a la vida de los reincorporados y un obstáculo inmenso para seguir buscando avanzar en el proceso de reincorporación política, económica y social del municipio de la Macarena”, declara el comunicado.
El general Raúl Hernando Flórez, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, respondió que desde que se conocieron las denuncias se activaron los protocolos de verificación interinstitucional previstos para todos los asuntos que competen a la población de excombatientes.
Además, habló de los hechos del pasado 18 de noviembre, cuando seis vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) fueron incendiados por disidencias en la misma región: “Los escoltas fueron abordados, al parecer, por un grupo de disidentes de las Farc que, además de incendiar las camionetas, les robaron los chalecos antibalas y las armas”, aseguró en una declaración a prensa.
Horas después de la denuncia, Timochenko se mostró en sus redes sociales en una reunión presencial del Consejo Político Nacional del partido Comunes, preparando la conmemoración del quinto aniversario de la firma del acuerdo de paz y analizando la grave situación humanitaria en el Yarí: “Resistimos ante la adversidad. La paz triunfará”, posteó en su cuenta de Twitter.
El CNR responsabilizó mediante el comunicado al Gobierno nacional de la crisis humanitaria que se presenta, por falta de voluntad para la implementación integral del acuerdo final de paz: “Por no avanzar con urgencia en la creación del programa especial de dotación de tierras para la reincorporación”, fue el argumento expresado.
También pidió la priorización de las garantías de la vida, así como un lugar para la ubicación en un nuevo territorio que tenga acompañamiento logístico.
El colectivo Urías Londoño (AETCR) en el municipio de la Macarena emitió un comunicado de ocho puntos rechazando los hechos y advirtiendo que ya se había expuesto la preocupación a la defensoría del pueblo: “Exigimos garantías plenas de seguridad, movilidad y sostenibilidad para continuar con nuestro trabajo social, político y administrativo, vinculado a lo firmado con el gobierno colombiano”, dice la carta pública.