El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, se dirigió a la vereda El Naranjal, en el municipio de Quetame, Cundinamarca, para presenciar de primera mano las devastadoras consecuencias de la avalancha que azotó la zona. Durante su visita, el funcionario escuchó los desgarradores testimonios de los damnificados, y no dudó en señalar que esta tragedia era previsible y que las autoridades no tomaron las medidas adecuadas para evitar la muerte de las 20 personas que deja hasta ahora la avalancha.
La Defensoría del Pueblo ya había tomado cartas en el asunto en 2015, cuando interpuso una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. A través de esta medida, se exigió a la Agencia Nacional de Infraestructura, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Coviandes y la Gobernación de Cundinamarca, que llevaran a cabo los análisis y estudios necesarios para evaluar el riesgo que enfrentaba la población de Quetame debido al trazado de la vía.
El defensor del Pueblo explicó que esta acción legal se tomó porque la zona presentaba un alto impacto debido a sus “características hidrológicas y meteorológicas”, lo que ponía en peligro a la comunidad.
Aunque la acción popular fue admitida en 2016 y se ordenó a las entidades abordar las necesidades de las comunidades, lamentablemente, el incumplimiento de estas instituciones llevó a que en septiembre de 2022 se tuviera que presentar un memorial al Consejo de Estado.
“El desacato de los entes nos obligó, en septiembre del 2022, a enviar un memorial al Consejo de Estado solicitando revisar las decisiones del Tribunal de Cundinamarca y señalando que había una alerta roja, luego de que Ideam advirtiera el incremento de las lluvias”, recalcó el defensor Camargo.
Camargo Assis manifestó su preocupación y repudio ante la situación, considerando inadmisible que una autoridad judicial deba instruir a una entidad administrativa sobre las acciones que deben tomar.
“Es inadmisible que una autoridad judicial tenga que decirle a una autoridad administrativa lo que debe hacer, sobre todo, cuando hay un riesgo inminente que afecta los derechos a la vida e integridad de las comunidades”, agregó.
En este sentido, el defensor del Pueblo hizo un enérgico llamado a las autoridades para que tomen medidas concretas y garanticen los derechos fundamentales de las personas afectadas. Este llamado incluye no solo a los damnificados de El Naranjal, sino también a aquellos que residen en Guayabetal y Puente Quetame, donde también se han advertido graves riesgos para la población.
“Nos solidarizamos con las familias afectadas. Vinimos para expresarles nuestro acompañamiento incondicional y propender para que les sean garantizados sus derechos. Desde el primer momento de la tragedia, uno de nuestros equipos se trasladó hasta aquí para acompañar las labores humanitarias en beneficio de las comunidades afectadas y trabajar en la protección de sus derechos”, aseguró Carlos Camargo.
El defensor señaló que la institución mantendrá su equipo en el lugar de la tragedia el tiempo que sea necesario para que los damnificados reciban la atención médica requerida, tengan cubiertas sus necesidades básicas y aquellos que perdieron a sus seres queridos reciban apoyo funerario. Asimismo, expresó su solidaridad con las familias afectadas y reiteró el compromiso de trabajar en la protección de sus derechos durante esta difícil situación.
Este pueblo cundinamarqués se encuentra en la Provincia de Oriente de este departamento y está a 55 kilómetros al suroriente de Bogotá. De acuerdo con diversos portales de turismo, el nombre de este territorio significa ‘Vuestra Labranza del Monte’, en lengua muisca.
Según el portal Lugaresquever, este municipio fue fundado el 26 de junio de 1826 por el padre José Joaquín Guarín en Quetamito, donde en ese entonces las casas eran construidas con bahareque y paja, por lo que en esa época un incendio consumió por completo la población y tuvo que ser trasladada a su ubicación actual.