Los pacientes con cáncer aún están sometidos a largos y engorrosos procesos para acceder al tratamiento. Esto fue lo que concluyó un informe del observatorio Interinstitucional de cáncer de adultos (OICA) presentado esta semana a las autoridades de salud del país. “Todos los días se evidencian múltiples negaciones en la entrega de medicamentos, interrupciones del tratamiento, demora en citas médicas, entre otras cosas”, dice Martha Gualtero, presidente de este observatorio que agrupa a asociaciones de pacientes y a la Defensoría del Pueblo.Un ejemplo de barrera en el servicio es que se autorice el medicamento pero no se entregue porque no existe un contrato con la IPS que puede suministrarlo de manera intravenosa. “Como son drogas de infusión, si no hay quien la aplique no la dan”, señala Gualtero. Para ella esto se solucionaría si hubiera atención integral, para lo cual se necesita que las EPS hagan contratación oportunamente.En el informe, basado en 3.300 quejas formuladas entre el primero de julio del 2015 y el 31 de mayo del 2016, se pudo establecer que la mayoría de ellas (21 %) se producen por la demora en autorizaciones de todo tipo, ya sea de procedimientos de quimioterapia, exámenes o medicamentos. El 18 % corresponde a negaciones de medicamentos; el 12 %, a demora en la entrega de los mismos; el 11 %, a negaciones definitivas del servicio; el 5 % a demoras para conseguir la cita con un especialista, y el 2 % por fragmentación en la atención, es decir que el paciente debe visitar distintas IPS para recibir su tratamiento. El 1 % está relacionado con entrega fragmentada de medicamentos.Todas estas demoras son cruciales en salud, pero sobre todo en cáncer, donde cada minuto cuenta. Según Gualtero, un cáncer se puede detectar en estadio temprano y tiene muy buen pronóstico, pero si el paciente se demora en recibir el tratamiento oncológico, “puede pasar de estadio 1 a 3 y ahí tratar el cáncer es más complicado y costoso”.Según el informe, el 12 % de las quejas corresponden a dificultades en el transporte y alojamiento, ya sea del paciente o del acompañante. Sucede con cierta frecuencia que un paciente de cáncer en Valledupar se debe atender en Barranquilla. Pese a que la Corte Constitucional señaló que se debía proveer el transporte, este tema sigue siendo una barrera de acceso para muchos que no tienen como sufragar ese gasto.Le sugerimos leer: Niños con cáncer le escriben al presidente Santos y claman por ayudaEl 9 % de las quejas es por negación de libre elección de IPS y médico y el 9 % está relacionado con altos costos de cuotas moderadoras y copagos, “lo cual es contrario a un artículo de la Ley 100 que dice que estas nunca podrán ser barreras de acceso a prestación del servicio –dice Gualtero–. Algunos contratos entre las EPS y las IPS establecen el cobro de ese copago a la IPS y el paciente debe ir a la ventanilla a pagar”.En Colombia, cada año se detectan alrededor de 72.000 nuevos casos de cáncer y buena parte de estos pacientes debe realizar cerca de 30 trámites para acceder al sistema, desde la cita del médico general hasta el tratamiento, a pesar de que existe una norma en la que se exige un tratamiento integral para esta enfermedad porque, como se dijo, cada día en cáncer cuenta. Para el tratamiento existen protocolos rigurosos que se deben suministrar en los tiempos indicados por el oncólogo y no a la voluntad de las EPS. “Debe ser una sola autorización para todo el tratamiento, pero no sucede así y el paciente debe hacer trámites para cada cosa”, dice Gualtero.Las cifras de OICA del año pasado no son muy diferentes a las presentadas esta semana. lo que indica que a pesar de los esfuerzos de la Superintentendencia de Salud por jalarles las orejas a las EPS, se observan las mismas quejas, incluso con un leve aumento. Según Gualtero, el problema no es emitir más normas, pues ya las hay. Hay que aclarar que no todo es culpa de las EPS. En el caso de los radiofármacos, medicamentos que se aplican para cáncer de tiroides y próstata, se necesita un permiso adicional de la Agencia regulatoria de energía y, según OICA, es importante hacer una revisión a esa legislación para que sea más flexible. “Muchos pacientes se mueren esperando el tratamiento porque sólo dos entidades en Bogotá están autorizados para hacerlos”, señala.Otro problema es la falta de recurso humano en oncología y se requerirá de 20 años para que el país se ponga al día con esta oferta profesional. Mientras tanto, el número de pacientes seguirá aumentando.El observatorio busca con este tipo de llamados evitar que los pacientes tengan que interponer tutelas para recibir el tratamiento, no sólo porque la salud es un derecho sino porque con las demoras se pierde la oportunidad de que reciban tratamiento oportuno y tengan calidad de vida. De esta manera, además, se disminuyen los costos para el sistema, pues un paciente que se trata bien tiene menos oportunidad de que tenga complicaciones, que son más costosas. “Lo que queremos es que las EPS tomen conciencia de que juegan a ser dioses, a decidir quién vive y quien no, pues cuando le niego a una personas con cáncer su tratamiento le quito posibilidades de vida”.