“No haré TransMilenio por la Séptima ni por la 68. Trasladaré esa plata a la red de metro, el pesado hasta Suba y Engativá y el ligero sobre la red férrea de norte a sur. Mejor metro ligero sobre la carrera Novena que TransMilenio sobre la Séptima. Y mejor metro ligero entre la NQS y la 68 que TransMilenio”. Ese planteamiento en materia de movilidad fue parte de las grandes propuestas de Claudia López como candidata a la Alcaldía de Bogotá y que seguramente llevaron a muchos ciudadanos a votar por ella. Pero una cosas son las promesas en medio de una campaña política y otra la realidad. Tal como están las cosas, la adjudicación de la troncal por la 68 no tiene reversa. Este contrato quedó abierto en la administración pasada y está listo para ser adjudicado el próximo 23 de enero, con el apoyo del Gobierno Nacional. A finales de 2019, en sus primeras reuniones como alcaldesa electa, Claudia le pidió al entonces mandatario Enrique Peñalosa que no abriera la licitación. Peñalosa no accedió a tal solicitud, pues explicó que se trataba de una obra estratégica, con recursos y una licitación en curso y vital para la primera línea del Metro de Bogotá (se trata de una troncal alimentadora de dicho sistema). A comienzos del 2020, una vez se posesionó, Claudia decidió que no nombraría a un nuevo director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), entidad encargada de ese proceso, hasta que los encargados de la administración Peñalosa firmaran el contrato. “Es una licitación que se ha hecho en menos de dos meses, en tiempos muy apretados y en mi opinión atropellados”, dijo. "No será mi administración la que la firme (…) empezamos con el IDU desde el 23 de enero", agregó. Sin embargo, eso no fue así. Este lunes la mandataria nombró en el cargo a Diego Sánchez, quien se venía desempeñando como estructurador técnico de la Financiera de Desarrollo Nacional. Sánchez no solo contribuyó a estructurar la primera línea del Metro de Bogotá, sino también la troncal de TransMilenio por la 68 y en un estudio reciente entregado a la alcaldesa destacó la viabilidad y conveniencia de dicha obra. El cambio de parecer de Claudia frente a TransMilenio por la 68 ha tenido varias interpretaciones. Por un lado, quiere dejar en claro que recibió la obra a punto de ser adjudicada y no podía reversarla y, por el otro, dicha obra le traerá réditos porque podrá mostrar resultados en materia de obras. Hay quienes aseguran que la mandataria ya sabía que se tenía que hacer esta obra pues complementaria al metro de Bogotá. “Si le parecía muy atropellada la licitación, ¿por qué no la frenó?”, se preguntaron algunos.
Carlos Carrillo, concejal del Polo, y quien no apoyó a Claudia López en su campaña política, dijo que la alcaldesa le está incumpliendo a sus electores y al Polo, pues ella se había comprometido a no hacer esta obra. “Es un total despropósito invertir tanto dinero (3,2 billones de pesos) en más TransMilenio (…) Cada vez que se construye una troncal se elimina la posibilidad de hacer otro sistema, que debería ser férreo”, dijo. Afirmó además que no entiende “para qué le sirve ser a Claudia López alcaldesa si no puede detener una licitación que no ha sido firmada. Para Carrillo, la alcaldesa va a continuar con muchos proyectos así no esté de acuerdo con estos para tener resultados “que le sirvan en sus aspiraciones políticas”. Manuel Sarmiento, también concejal del Polo y quien fue uno de los principales aliados de la hoy alcaldesa, está en contra de la construcción de la troncal y en la mañana de lunes lideró una manifestación para presionar a la alcaldesa de que no adjudique dicha obra. “El hecho de que seamos del partido de gobierno, no significa que no tengamos diferencias en algunas cosas. No le estamos pidiendo que la anule, sino que la suspenda para hacer unas revisiones y ella está en la facultad de hacerlo”, dijo.
Sarmiento tiene varios argumentos para pedir una reevaluación de la obra. La primera es que inicialmente el costo del proyecto era de 4 billones de pesos, “pero que como no había tanta plata le quitaron una serie de obras importantes, como las intersecciones del portal de la 80, la Autopista Norte o el puente de la calle 100 con carrera 15”, explicó. También recordó que el pasado 30 de octubre se conoció un memorando interno del IDU en el que se decía que la obra no estaba madura y el documento todavía no ha sido suficientemente aclarado. Por último, Sarmiento asegura que el informe que recibió la alcaldesa de la Financiera de Desarrollo Nacional, en el cual se estable que esta troncal era más urgente que la Boyacá, se contradice. En el Conpes 3900 se establece que la que tiene mayor carga es la Boyacá con 44.000 pasajeros hora sentido, mientras que la 68 tiene 33.000. Por razones muy similares, la concejala María Fernanda Rojas, de la Alianza Verde, tampoco está de acuerdo con la construcción de la troncal 68. A los argumentos de Sarmiento agregó que el presupuesto aumentó 600.000 millones de pesos. Buena parte del aumento se explica en la inflación, pero ella considera que no hay claridad en los recursos asignados y que deberían resolverse antes de ser adjudicada. Otro elemento que le parece importante es que Germán Corredor Aguilera, quien aprobó los estudios de esta troncal, acaba de aceptar cargos de corrupción en otras obras. De Corredor la Fiscalía dijo que habría “concertado para realizar prorrogas y adiciones presupuestales al contrato de obra 933 de 2016, cuyo valor inicial fue de 12.875 millones de pesos; y al contrato de interventoría 934 de 2016, que ascendió a 1.880 millones”. Un último argumento de Rojas para oponerse a la obra es que no hay armonización con el Plan Parcial del Pedregal. Diego Cancino, de la Alianza Verde, también se sumó a la petición de sus colegas de revisar la obra. Además de los argumentos mencionados, señala que “no que existen alternativas para las personas que tienen sus empresas familiares y locales comerciales sobre la Avenida 68. Entre estos estaban los fabricantes de colchones que hoy fueron protagonistas de las protestas en contra de la troncal.
Rojas, sin embargo, entiende que una de las dificultades que tienen los mandatarios al asumir un cargo es que tienen que seguir adelante con obras del pasado. “Yo creo en que la alcaldesa tenía la buena voluntad de no hacer esa troncal. Pero se posesionó el primero y ya había quedado la licitación abierta por la administración anterior. Eso le pasó a Peñalosa: le tocó hacer el cable aéreo de Ciudad Bolívar aunque no quería”. Estas críticas no vienen de ahora. Cuando se abrió la licitación el año pasado el IDU tuvo que dar respuesta a varias de las críticas. Sobre la plata y las intersecciones dijo que se había contratado una consultoría y les daban varias opciones. Pero que tenían que acomodarse a los recursos que daba la nación y que tenía la ciudad. Aclararon que la que eligieron tiene cinco intersecciones: la Autopista Sur, Américas, la 26, la avenida Suba y la Séptima. En cuanto a las otras aseguraron que se harían en otros proyectos como el de la calle 13 y la autopista norte. De modo que quedaría faltando solo la de la 80. En cuanto a los sobrecostos aseguraron que era falso que el valor de la obra aumentara en 600.000 millones de pesos, que se trataba más bien de una cifra de 126.000 millones por la inflación. Con respecto al señor Corredor afirmaron que este no había participado en la estructuración de la troncal ni tenía decisión en los presupuestos. Por último, señalaron que se han llevado a cabo varias reuniones con los comerciantes a quienes les comprarían los predios. A estos les prometen compras de acuerdo a los avalúos comerciales y todo el acompañamiento para obtener nuevos predios.
La troncal 68 tendrá un costo de 3,2 billones de pesos (con predios incluidos). Su recorrido de 17 kilómetros empieza en la Autopista Sur hasta la Carrera Séptima con Calle 100. Una acción popular ya está en manos de la Procuraduría, que tendrá que determinar en los próximos días si se toman medidas cautelares para suspender la licitación, pues por el momento no se ve que la alcaldesa López vaya a hacerlo.