La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) está dispuesta a seguir saliendo a las calles a marchar, por lo que el gremio llama la “defensa del Estado social de derecho”, en medio de las presiones a la Corte Suprema de Justicia para que elija la nueva fiscal general y las investigaciones de la Fiscalía General en contra del sindicato, debido a un supuesto aporte irregular de 500 millones de pesos a la campaña Petro Presidente.
El presidente de Fecode, Domingo Ayala, anunció este jueves, en medio de la masiva movilización en Bogotá, nuevas jornadas de protestas en el país junto a las centrales obreras.
Las declaraciones se dieron en el marco del plantón que se realizó frente al búnker de la Fiscalía. Ayala advirtió: “Vamos a continuar esta lucha, todo depende de las mismas instituciones del Estado porque no vamos a aceptar que se sigan imponiendo a la fuerza porque este país está lleno de todas las situaciones de violencia”, sostuvo frente a los medios de comunicación.
El líder gremial rechazó la actitud de algunas instituciones que, según él, buscan deteriorar al gobierno actual.
En las declaraciones recogidas por La FM, Ayala aseguró que “apoyamos el Estado social de derecho, porque no puede ser sobre la base de que una institución se coloque en contra de otra y vaya generando los caminos del deterioro de un gobierno como este (...). En términos generales, estamos buscando cómo defendemos el Estado social de derecho con las garantías, independencia y opiniones diferentes”, sostuvo.
Y enfatizó: “Si aquí se viola el Estado social de derecho, téngalo por seguro que estaremos saliendo a las calles en su defensa”.
Sobre las investigaciones de la Fiscalía General contra Fecode, Ayala defendió la donación que el gremio hizo al Partido Colombia Humana durante la campaña Petro Presidente, aclarando que se realizó con “recursos propios” y mediante una “escritura pública”.
“Fueron nuestros propios recursos, con la vía legal, mediante una escritura pública, de tal manera que estamos abiertos y no puede haber más estigmatización contra esta organización histórica de más de 64 años, defendiendo la educación pública”, aseguró.
Por último, anunció que Fecode denunciará ante organismos internacionales la actuación de la Fiscalía General de la Nación contra el gremio.
Marchas del 8 de febrero: magistrados fueron sitiados
Fecode fue la que convocó a una “gran movilización” este jueves, 8 de febrero. La motivación detrás de esta convocatoria se relaciona con las investigaciones por parte de la Fiscalía y la presión a la Corte Suprema.
Aunque la manifestación fue liderada por Fecode, fuentes le confirmaron a SEMANA que el Gobierno Petro estuvo promoviendo la participación de sus funcionarios en las marchas. Aunque se enfatizó que la asistencia era “voluntaria”, se organizó la logística para aquellos que desearan unirse a la manifestación.
La concentración principal fue citada a las 12:00 m. en la plaza de Bolívar, en Bogotá, donde hicieron presencia miembros del sindicato de profesores y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). El punto de encuentro inicial en Bogotá fue frente al búnker de la Fiscalía, donde la jornada comenzó con un plantón. Las marchas también se adelantaron en ciudades como Medellín y Cali.
Sin embargo, todo se salió de control tras el anuncio de la Corte Suprema de que no fue posible elegir a la nueva fiscal, ya que tras varias sesiones de votación, la Sala Plena aplazó nuevamente la elección debido a que ninguna de las ternadas –Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo y Amelia Pérez– alcanzó los 16 votos que exige el reglamento para ser la nueva jefa del ente investigador para el período 2024-2028.
En ese momento, ya mediodía, un grupo de manifestantes bloqueó los accesos y salidas del edificio que concentra y representa el poder judicial de Colombia: el Palacio de Justicia. La turba pretendía arrinconar y obligar a la Corte a elegir fiscal a las malas.
Durante cinco horas, ni los magistrados ni los demás funcionarios pudieron salir. Estaban sitiados por los manifestantes que bloquearon estratégicamente las puertas de los parqueaderos ubicadas sobre la carrera octava y la calle 12.
La grave situación obligó a que los pocos policías que estaban en el Palacio de Justicia instalaran una cerca para rodear toda la edificación, y así evitar un ingreso por la fuerza de algunos manifestantes que portaban banderas del M-19 y del Partido Comunista. Pese a las horas de tensión que se vivieron, finalmente los togados pudieron evacuar y las autoridades resguardaron sus vidas.