La Alcaldía de Bucaramanga declararía la calamidad pública en la ciudad por el cierre del relleno sanitario de El Carrasco, mientras la Procuraduría General de la Nación advirtió que autoridades municipales están en la obligación de cumplir con la decisión del Juzgado 15 Administrativo.
El mandatario municipal, Juan Carlos Cárdenas, señaló que se decretaría la calamidad pública para evitar la acumulación de desechos en casas, vías y parques de la ciudad, aunque advirtió que la medida sería temporal, mientras se encuentra un sitio para el traslado de más de 1.000 toneladas de residuos solidos que se producen en 16 municipios de Santander
“Tenemos soluciones técnicas y esperamos con las diferentes acciones jurídicas poder resolver estos aspectos. Tenemos capacidad en el Carrasco, la capacidad técnica para seguir disponiendo basuras de Bucaramanga”, señaló el mandatario.
Y agregó que su administración sigue trabajando “para buscar un lugar de disposición final para los residuos sólidos de nuestra ciudad y evitar una crisis sanitaria tras el cierre del relleno sanitario El Carrasco por orden del Juez 15 Administrativo”.
“Mi prioridad siempre será el bienestar de todos los bumangeses. Este problema que en 11 años ninguna administración solucionó, ahora tenemos que resolverlo en un año con pandemia, estallido social y crisis económica”, tras señalar que este viernes la Alcaldía de Bucaramanga dará a conocer nuevas medidas jurídicas para permitir la recolección y disposición de desechos.
Entre tanto, la Superintendencia de Servicios Públicos pidió a los 16 alcaldes que disponen las basuras que se producen en sus municipios para tener un plan de contingencia por el cierre del Carrasco.
Autoridades están en la obligación de cumplir con cierre definitivo de ‘El Carrasco’: Procuraduría
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación advirtió este viernes a las entidades territoriales de Santander que disponen sus residuos sólidos en El Carrasco, que están en la obligación de cumplir con el cierre definitivo del sitio de disposición final, tras la decisión del Juzgado 15 Administrativo del Circuito de Bucaramanga de no autorizar nuevas prórrogas a la orden dada hace más de 10 años por el Tribunal Administrado de Santander.
“En requerimiento enviado el 11 de agosto al gobernador, al gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander ESANT SA ESP; a los directores de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB); de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, y a los alcaldes del Área Metropolitana de Bucaramanga y de 16 municipios del departamento, el Ministerio Público mostró su preocupación ante ausencia de planes de contingencia para la disposición final de cerca de 1.000 toneladas diarias que se depositan actualmente en el relleno sanitario”, señaló a través de un comunicado el Ministerio Público.
Agregó que “se observa que, a lo largo de 10 años, las diferentes administraciones municipales han continuado disponiendo en ‘El Carrasco’ vía decretos de emergencia y calamidad, pese a la orden judicial y administrativa de cierre, sin avanzar en la construcción de una solución definitiva para la disposición final de sus residuos”.
La Procuraduría recordó que el principio de precaución impone a las autoridades el deber de adoptar todas las medidas encaminadas a prevenir y mitigar las situaciones de riesgo de desastres, cuando existe un peligro de daño a los bienes, vidas y derechos de las personas, y advirtió que “la materialización efectiva del cierre de ‘El Carrasco’ no tiene por qué ser sorpresiva o inesperada”, teniendo en cuenta que desde 2011 ya se conocía la decisión del tribunal.
“Esta orden de cierre corresponde principalmente a una restricción normativa que prohíbe la ubicación de rellenos sanitarios en el predio El Carrasco, teniendo en cuenta que está en el cono de aproximación del Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga, Santander”, señaló.
La Procuraduría hizo un llamado a los alcaldes de los municipios en los que existen rellenos sanitarios legalmente autorizados y que cuentan con capacidad técnica para recibir los residuos que se disponen en El Carrasco, que como funcionarios tienen prohibido obstaculizar, impedir, torpedear el buen funcionamiento de un servicio público esencial e indicó que estos comportamientos podrán dar lugar a acciones disciplinarias.