Nadie entiende cómo una multimillonaria obra de infraestructura en Bogotá, que estaba a menos del tres por ciento de terminar, se convirtió en un escándalo de corrupción con un elefante blanco de 200.000 millones de pesos. El interconector Tunjuelo - Canoas estaba a meses de inaugurarse, pero se quedó en una eterna investigación de la Fiscalía, que ahora es duramente reprochada por la justicia.
La enorme obra, que prometía ser una solución para evitar inundaciones en Bogotá y Soacha, logró reunir en una sola investigación a los protagonistas del “carrusel de contratos”, como Emilio Tapia, Samuel e Iván Moreno, las cabezas de Odebrecht y la familia Solarte, en particular a Carlos Solarte. Todos en un juicio con cientos de testigos y pruebas que cumple cinco años en los despachos judiciales.
De forma paralela, la Fiscalía inició un proceso de extinción de dominio, que en los titulares y las fotos fue muy llamativo. Solo a Carlos Solarte, la Fiscalía le ocupó bienes por más de 48.000 millones de pesos. Casa, apartamentos, fincas, vehículos. Hasta la misma vivienda donde descansaba Solarte y su esposa, pasaron a manos del Estado. El problema fue lo que pasó después de que un juez analizó la decisión de la Fiscalía.
La defensa de Carlos Solarte, en cabeza del abogado Juan Francisco Navarrete, pidió un control de legalidad a los jueces de extinción de dominio y la respuesta del despacho se convierte en un documento de relevancia penal para este tipo de procesos. El juez no solo tumbó las medidas cautelares a los bienes de Solarte, sino que llamó, con contundencia, la atención a la Fiscalía por lo que consideró “malas prácticas” del ente acusador.
“Es una mala práctica de la Fiscalía General de la Nación que no ha conseguido ser superada, pese a los múltiples llamados que en ese sentido ha venido haciendo la judicatura desde sus órganos de cierre, la presentación de los hechos jurídicamente relevantes de sus acusaciones con desarreglo en la redacción y en la sucesión cronológica de los hechos”, señala la decisión que le devolvió a Carlos Solarte todos sus bienes.
Las “malas prácticas” a que se refiere el juzgado están en un hecho puntual que contradice a la Fiscalía en dos momentos distintos. El primero es la investigación penal contra Carlos Solarte y el resto de implicados en el caso Tunjuelo - Canoas. En el escrito de acusación, que los tiene en juicio, la Fiscalía advierte que los recursos públicos enredados son más de 5.000 millones de pesos, pero la extinción de dominio la hacen por 48.000 millones.
“Es también una mala práctica de la Fiscalía la citación descontextualizada de fuentes de información y el manejo desordenado, repetido y a veces inoportuno de los llamados textuales desde otros documentos”, señala el juzgado, al advertir que los fiscales de extinción de dominio tomaron apartes del escrito de acusación, sin el contexto adecuado, con el único fin de soportar la necesidad y urgencia de la incautación.
Sin entrar en detalles en la acusación, los jueces de extinción de dominio advierten su preocupación por la falta de rigurosidad de la Fiscalía a la hora de argumentar la necesidad de incautar los bienes, no solo en este caso, sino en general y, sobre todo, cuando los fiscales no logran demostrar la urgencia de las medidas cautelares.
“Debe reconocerse ahora por la Judicatura que la redacción de los hechos dentro del escrito de acusación es confusa y desordenada y que esas circunstancias son las que ahora permiten por el requirente del control judicial una lectura que no se corresponde con el alcance final de la acusación”, resalta la juez de extinción de dominio.
Insiste el juzgado, como recomendación a la Fiscalía para futuros procesos, que no siempre la única alternativa para garantizar la reparación al Estado y la protección de los bienes en esa reparación, es la incautación con fines de extinción de dominio. Existen otras alternativas, como la suspensión del poder dispositivo de esos bienes; en otras palabras, que quienes los tienen no los puedan vender, pero sí usar.
“El corolario de lo anterior es que no se corresponda con la realidad procesal la alegación del apoderado judicial del señor Solarte, en punto de la inconsistencia entre el conjunto y el valor de los bienes con la cuantía de los hechos por los que se acusó el afectado”, explica la decisión del juzgado.
La incautación
En febrero de este año, la Fiscalía se fue con toda y ocupó los bienes de Carlos Solarte, más de 48.000 millones de pesos en propiedades que pasaron a la administración de la Sociedad de Activos Especiales. El gran golpe a las cabezas del escándalo del interconector Tunjuelo - Canoas en Bogotá fue un acontecimiento. Rueda de prensa, fotos, videos y declaraciones. Siete meses después, la gran incautación se hundió.
La juez en su decisión concluyó en la ilegalidad de las medidas cautelares sobre los bienes de la familia Solarte, que, entre otras cosas, tiene a uno de sus integrantes condenado por los mismos hechos. Se trata de Paola Solarte, que a través de preacuerdo tomó la determinación de reconocer su responsabilidad, pero en derecho las responsabilidades son individuales.
La defensa de Solarte ha presentado un centenar de pruebas y la Fiscalía hizo lo propio con sus testigos. Algunos fueron descartados y otros se enredaron durante de los interrogatorios, en los juicios que avanzan en rastras con audiencias aplazadas por meses, un largo trayecto cuyo fin parece lejano.
Las decisiones de la justicia, respecto de la extinción de dominio a Carlos Solarte, no fueron apeladas por la Fiscalía o las víctimas, en este caso, el acueducto. En otras palabras, estuvieron de acuerdo con los argumentos de la juez, bastante duros respecto de las actuaciones del ente acusador.