De acuerdo con el anuncio del Gobierno nacional sobre la terminación de la emergencia sanitaria en el país como consecuencia de la pandemia por la covid-19, la Secretaría Distrital de Salud informó que la gestión centralizada de las camas de las unidades de cuidado intensivo (UCI) e intermedio de la red hospitalaria (pública y privada) en Bogotá estará a su cargo hasta este 30 de junio a las 11:59 p. m.
Ante esta decisión, las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB o EPS) serán nuevamente las encargadas de realizar dicha gestión a partir de las 00:00 horas del 1 de julio de 2022 y de realizar la respectiva verificación hasta ubicar a los pacientes en estas unidades.
El secretario Distrital de Salud, Alejandro Gómez López, afirmó: “Hoy se acaba la emergencia sanitaria y por consiguiente ese soporte que teníamos en la Secretaría de Salud para tener todo centralizado, desaparece”.
De acuerdo con lo explicado por el funcionario, entre el 16 de junio de 2020 y el 29 de junio de 2022 (con corte a las 6 a. m.) “fueron gestionados un total de 161.918 requerimientos de ubicación en cama UCI por parte del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUE, lo cual significa un resultado exitoso en la gestión de la entidad con la rectoría de las unidades de cuidado intensivo e intermedio en la capital”.
También explicó que de estos casos, 54.192 (el 33,5 %) fueron requerimientos de pacientes con covid-19; 107.726 (66,5 %) de pacientes con patologías no covid. Del total de solicitudes, 99.079 (61,2 %) fueron ubicadas en la misma IPS, 33.354 (20,6 %) requirieron traslado a otras IPS y 25.776 (15 %) fueron canceladas por los médicos tratantes.
Del total de pacientes ubicados durante este periodo de la gestión centralizada por parte de la Secretaría de Salud, en el caso de pacientes con Covid-19 en las UCI adultos fue de 31.822, pediátrica 1.623 y neonatal 636. En cuanto a la ubicación en las Unidades de Cuidado Intermedio se asignaron camas para adultos 6.776, pediátrica 415 y neonatal 379.
En cuanto a la asignación de pacientes no Covid, se ubicaron en UCI adultos 53.585, pediátrica 6.740 y neonatal 7.556; y en las Unidades de Cuidado Intermedio adultos 18.164, pediátrica 1.697 y neonatal 3.028 pacientes.
Ante el retorno de la gestión de las camas UCI a las EAPB o EPS, la Secretaría de Salud explicó que las IPS solo podrán registrar nuevas solicitudes de estas unidades a través del sistema de información de La Dirección Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Sidcrue) hasta las 23:59 horas del 30 de junio.
Por otro lado, a partir de las 00:00 horas del 1 de julio de 2022 las solicitudes nuevas para la referencia de pacientes con requerimiento de UCI deberán realizarse a través de los canales establecidos por las EPS donde se encuentre asegurado el paciente.
Sin embargo, la autoridad rectora en salud informó que el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) realizará el seguimiento de los pacientes que se encuentren pendientes por ubicación únicamente hasta las 07:00 horas del 1 de julio. Después de esta fecha, el seguimiento será responsabilidad de la EAPB correspondiente.
El CRUE hará seguimiento a los pacientes que cuenten con aceptación hasta que sea verificada la llegada efectiva a la IPS receptora y generará los códigos QR correspondientes a los pacientes que hayan sido gestionados hasta el 1 de julio de 2022.
Hallazgos fiscales
Esta semana, hallazgos fiscales por $ 7.760 millones determinó la Contraloría de Bogotá tras un proceso de auditoría al Fondo Financiero Distrital de Salud.
El primero, y más representativo, tiene que ver con el contrato de servicio de Contact Centerpara la operación de tres líneas de atención: 1. Línea de asignación de citas y campañas especiales, 2. Línea de salud para todos (opción 1 y 2) y 3. Línea 106.
El contrato, que comenzó el primero de julio de 2021, tiene un periodo de ejecución de 18 meses, es decir, va hasta el 31 diciembre de 2022, y un valor, luego de dos adiciones, de $ 45.134 millones, de los cuales el 93,95 % corresponde a la Línea de asignación de citas.
Y es precisamente sobre la deficiencia en la gestión de este servicio, antes conocido como el Call Center Distrital, y la coordinación de acciones para cumplir con la disponibilidad de agendas, que el organismo de control ha llamado la atención.
Desde el punto de vista presupuestal, la Contraloría estableció que el cambio de modalidad de Call Center a Contact Center generó un incremento del costo promedio mes por asignación de citas, pasando de $ 1.027 millones a $ 2.344 millones, lo que habría generado un hallazgo fiscal por $ 7.638 millones.
Otro hallazgo se registró en cuantía de $ 113.400.000, por la compra de ventiladores mecánicos sin verificar el cumplimiento de los requisitos por parte del contratista.