No se detienen los ecos a la decisión del Congreso de decirle no al Gobierno a la polémica ley de financiamiento. Desde la orilla de los militares en retiro, estos mostraron su preocupación por un posible desfinanciamiento del sector. Incluso el propio ministro, Iván Velásquez, reconoció que la fuerza pública se verá afectada.
Tras las repercusiones que ha tenido la decisión del Congreso, los oficiales de la reserva activa agrupados en Acore, le exigieron al Gobierno presupuesto necesario para mantener la operatividad de la fuerza pública en todas sus áreas.
“La reducción de recursos destinados al mantenimiento de flotas, aeronaves y a la infraestructura que garantiza la dignidad de nuestros policías y soldados representa un riesgo directo para la seguridad y defensa de la nación”, indicaron los militares de Acore.
Agregaron que “este impacto podría traducirse en limitaciones operativas que afectan la capacidad de las @FuerzasMilCol y @PoliciaColombia para cumplir con su misión constitucional de proteger la soberanía, el orden público y los derechos de los ciudadanos”.
Por estas razones, los militares en retiro indicaron que “exigimos al Gobierno nacional que se priorice la asignación de recursos suficientes para fortalecer la fuerza pública, garantizando su preparación y sostenibilidad en todos los niveles operativos y logísticos. La seguridad del país no puede ser puesta en riesgo por falta de financiación, especialmente en un contexto en el que persisten amenazas como el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo”.
El hundimiento de la ley de financiamiento generó opiniones divididas y fue catalogado como una derrota para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Desde el Ejecutivo, el director de Planeación, Alexander López, dijo que era grave la decisión que había tomado el Congreso y que varios sectores se verán impactados de manera negativa.
Mencionó que se tendrán que reducir los subsidios a vivienda prioritaria en el próximo año. A su turno, el ministro de Minas, Andrés Camacho, sostuvo que se afectará la opción tarifaria, que es la autorización que buscaba el Gobierno para poder pagar la deuda pendiente que tienen los usuarios con las empresas distribuidoras de energía, y que les encarece la factura del servicio, principalmente en la región Caribe.
La caída de la ley de financiamiento estrenó al nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara, quien como se recordará reemplazó a Ricardo Bonilla, quien salió del cargo en medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, donde resultó salpicado.