El pasado 26 de octubre el Pastor y Vicepresidente del Concejo de Bogotá por el Partido de Integridad Nacional (PIN) Marco Fidel Ramírez, autodenominado 'concejal de la familia', solicitó durante plenaria que se le presentara un listado y las hojas de vida de los empleados homosexuales del Canal Capital. Ramírez argumentó su pedido ejerciendo control político sobre el canal público ya que pone "al servicio de la comunidad LGBTI sus horarios triple A". A través de un comunicado de prensa, Ramírez afirmó que el canal "debería cambiar de nombre. Ahora se debería llamar 'Aló Petro'" argumentando que la transmisión constituye “una fiel copia del modelo utilizado por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para manejar los medios de comunicación". El concejal se quejó además de lo que opina es un tratamiento discriminatorio de la programación del medio de comunicación: “Mientras que en la franja triple A se han adjudicado tres programas dedicados a la comunidad LGBTI, a otras diversas comunidades no se les ha dado ni un minuto. No hay derecho”. "Amo la comunidad LGBTI" Frente a las críticas que generó su solicitud en el Concejo, Ramírez manifestó en su perfil de Twitter que "progresistas y Polo lideran persecución político religiosa contra el Concejal de la Familia para impedir debate a Canal Capital". En otro comunicado del lunes oficial el funcionario señaló que "está siendo víctima de una persecución política y religiosa por parte del Gobierno de Bogotá, a través de la Alcaldía Mayor, Canal Capital, y algunos colegas del Concejo" ya que su función como concejal "lo faculta a presentar las proposiciones que estime convenientes y en virtud de ellas formular los cuestionarios necesarios para ejercer el control político". Sobre las acusaciones de homofobia anotó que "el concejal de la familia, tal como lo ha expresado abiertamente en el mismo Concejo, ama y reconoce profundamente a la comunidad LGBTI". Ramírez ha manifestado su inconformidad con la promoción de temas relacionados con la comunidad LGTBI. Uno de estos caso fue la puesta en circulación de un calendario por parte de la administración distrital que promovía la diversidad sexual debido a que, según Ramírez, este inducía "a los jóvenes a una variedad sexual que finalmente termina extraviándolos y que evidentemente provee para ellos, a cambio de valores, muchos condones", le dijo a Caracol Noticias en marzo de este año. El concejal también hizo parte de un video con la premisa de que "la familia está en peligro" que expone, entre varios motivos, la aceptación de la homosexualidad. Rechazo de progresistas La concejala Angélica Lozano del partido Progresista es una de las críticas de la posición de Ramírez. Lozano le dijo a Semana.com que "él tiene derecho a expresar su opinión cualquiera que esta sea ya que nuestra obligación es el control político, el problema es que se excede violando los derechos fundamentales de los empleados del Canal Capital, la ley habeas data, se salta la constitución y el ordenamiento político" y agregó que "meterse en la vida privada de la gente atenta contra su individualidad y la sociedad. Esto da pie a que luego se cuestionen a todas las minorías que tienen cargos públicos". Lozano señala que el concejal por el partido del PIN manifiesta constantemente su desacuerdo con la comunidad LGTBI: "Su posición de vida es respetable pero dolorosa y difícil de sobrellevar porque, de lunes a domingo, dice alguna expresión en contra de la diversidad sexual. La actitud que yo tomo es de respeto y tolerancia, es un ejercicio de aguante". Lozano también expresa que "Ramírez ha cruzado la raya antes. Le dijo a El Espectador que el distrito invierte 500.000 millones de pesos al año en causas LGBTI lo que es falso porque se invierten 15.000 millones en los cuatro años de la administración". Sobre las razones que motivan al concejal a pedir la lista de empleados homosexuales de Canal Capital la concejala opina que "esto no es algo religioso. Hay otros concejales cristianos a los que no les gustan los derechos LGBTI pero no dicen brutalidades ni hacen persecución ni ataques". "Estas afirmaciones generan repudio y rechazo porque tergiversan la información y la comunidad le cree porque es un servidor público. Yo hago valer su derecho a expresarse porque esto es una democracia, pero es mi obligación hablar cuando miente. En esta ciudad matan por ser gay y sus mentiras buscan manipular a las personas para ponerlas en contra de una minoría", concluyó Lozano. "La orientación sexual no es un factor" El abogado y consultor de la alcaldía de Bogotá en temas de la comunidad LGTBI, Alejandro Michells, comenta que "en las hojas de vida se evidencia que las personas que contrata el distrito tienen todas las calidades y características para ocupar sus cargos. Además estos contratos son estatales ya que Canal Capital es una entidad pública. Esto implica que la orientación sexual no debe ser un factor al momento de contratar a alguien". Al preguntarle sobre la solicitud el concejal Marco Fidel Ramírez, Michells anotó que "hay un tema de persecución contra la comunidad LGTBI ya que está molesto por los nombramientos de funcionarios homosexuales en algunos cargos públicos. Detrás también hay una motivación en contra de la administración actual". La exalcaldesa local de Chapinero y actual directora de la Defensoría del Espacio Público, Blanca Inés Durán, sobre quien Ramírez expresó su desacuerdo con motivo de su matrimonio homosexual en 2010, se manifestó en una carta abierta dirigida al concejal en su blog. "(…) ¿Cree usted, señor concejal, que poniéndonos en la picota pública, iniciando una inquisición contra la comunidad LGBT, solicitando nuestras hojas de vida, cuestionando que nos contraten o atacando nuestro trabajo le hace un favor al cristianismo? ¿No cree que nos pone en riesgo y puede generar brotes de odio y discriminación al usar frases como "la dictadura LGBT" o al afirmar que el fin de Bogotá es culpa nuestra?”, indicó en el texto.