La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para determinar si se cometieron irregularidades en la negación de ingreso de un vuelo con 200 colombianos que se encontraban en condición de ilegalidad en Estados Unidos.
El hecho que investiga la Procuraduría ocurrió el pasado 5 de mayo cuando Migración Colombia negó el ingreso de los connacionales, por lo que desató una polémica alrededor del tema y generó denuncias públicas y preocupación por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
De acuerdo con el director de Migración Colombia, Carlos Fernando García, se había tomado la decisión a modo de protesta por las condiciones en las que Estados Unidos tiene a los migrantes, ya que los colombianos estarían siendo objeto de medidas que atentan contra el derecho a la dignidad humana, así como las difíciles condiciones que enfrentan durante su paso por los centros de retención en la frontera sur estadounidense.
Esta situación había llevado a suspender un plan piloto entre Colombia y EE. UU. que tenía como objetivo recibir a los colombianos retornados, especialmente niñas, niños, adolescentes y mujeres, entre el 1 y el 7 de mayo de este año, en vuelos acordados entre el Departamento de Seguridad de Estados Unidos y Migración Colombia.
El programa en cuestión es el denominado ‘Reunificación Familiar de Estados Unidos: Family Reunification Parole Process’, el cual permitirá una vía acelerada para que decenas de miles de familias colombianas se reúnan rápidamente. Al parecer, el vuelo rechazado estaba enmarcado dentro de este programa.
Por eso, el Ministerio Público busca identificar e individualizar a los presuntos responsables de la comisión de los hechos denunciados como irregulares, para determinar si están involucrados servidores públicos. Además, la Procuraduría General realizará una inspección disciplinaria en las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia para recopilar documentación de soporte que permita esclarecer el caso.
El órgano de control también requerirá la reglamentación y normatividad para el procedimiento de la recepción de ciudadanos colombianos repatriados, deportados o expulsados de Estados Unidos. La investigación busca determinar si se cometieron irregularidades en el procedimiento y si se vulneraron los derechos de los ciudadanos colombianos.
Frente a esta situación, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, por su parte, había instado al Gobierno nacional a buscar los mecanismos necesarios para garantizar y proteger los derechos humanos de los ciudadanos colombianos.
“El Gobierno nacional debe salvaguardar los derechos de los connacionales, sin importar las circunstancias en las que se encuentren. Nos preocupa, como Defensoría del Pueblo, el hecho de que, según las quejas recientes conocidas, estén siendo maltratados por las autoridades migratorias estadounidenses en el marco del acuerdo binacional para su retorno a Bogotá”, expresó Carlos Camargo Assis.
Asimismo, el defensor del Pueblo recomendó al Gobierno activar un plan de contingencia y respuesta desde un Puesto de Mando Unificado (PMU) con énfasis migratorio. También instó a realizar una caracterización de la población en situación irregular, que refleje las dificultades, atención en salud y apoyo psicosocial, así como la voluntariedad y seguridad de su ubicación, en coordinación con las entidades nacionales competentes y con el acompañamiento del Ministerio Público (Procuraduría, Defensoría y personerías).
Se reanudan los vuelos con colombianos repatriados
Tras la polémica que se generó luego de que las autoridades migratorias rechazaran el vuelo, Migración Colombia anunció que se reanudarán los vuelos desde esta semana.
“Los acuerdos a los que hemos llegado con las autoridades norteamericanas son los siguientes: Se reanudan los vuelos de personas retornadas a partir de la semana entrante. Y dos, se crearon dos mesas de trabajo con perspectiva de derechos humanos que elaborarán dos protocolos que buscan garantizar la integridad de los viajeros retornados”, confirmó Carlos Fernando García, director de la entidad.