La decisión de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia desató una ola de reacciones por parte de los colombianos. Nadie es indiferente ante la medida de aseguramiento impuesta en contra del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez. Quien gobernara al país entre 2002 y 2010, está siendo investigado por presuntos delitos de fraude procesal y soborno a testigos. Los magistrados que conocen del proceso determinaron que se configuraban los requisitos mínimos para ordenar que, mientras continúan con su investigación y toman una decisión de fondo, el líder del Centro Democrático permanezca privado de su libertad bajo la modalidad de casa por cárcel. Las redes sociales, inmediatemente se supo la noticia, se inundaron de opiniones de todo tipo. Están los acérrimos defensores de Uribe Vélez y quienes celebran su captura. El común denominador en ambos bandos es el apasionamiento político, pero también se dieron comentarios que despertaron debate. Justamente en estas plataformas se creó la tendencia —una de las más usadas ayer— que proponía que el exmandatario se acogiera a la Jurisdicción Especial para la Paz.
Creado a partir del acuerdo de paz firmado, dicho tribunal conoce de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado y que hubieran tenido ocurrencia antes del 1 de diciembre de 2016. A principios de 2020, se contaban más de 12.000 personas que se habían sometido a la JEP y el 78 por ciento son antiguos miembros de las Farc. También han acudido allí 2.652 miembros de la fuerza pública.
Pero, a diferencia de lo que sucedió con estos actores del conflicto armado, Álvaro Uribe Vélez tiene varios obstáculos que imposibilitan su llegada a la justicia transcional. El primero de ellos, quizá el más práctico de todos, consiste en las fechas en las que tuvieron lugar los presuntos delitos que se le endilgan hoy al senador. En febrero de 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia anunció que cerraba el proceso en contra de Iván Cepeda y que compulsaría copias para iniciar una investigación en su contra por una supuesta manipulación de testigos, Uribe Vélez y sus abogados optaron por presentar un recurso en contra de la decisión. Para darle mayor peso al recurso, Diego Cadena, quien gozaba del visto bueno del expresidente, intentó conseguir la retractación del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. Aparentemente, Cadena ejerció presión en Monsalve y le ofreció beneficios a cambio de que firmara un documento que él había redactado con anterioridad. Estos hechos constituyen hoy una de las pruebas primordiales del caso. Pero, más allá de la interpretación que eventualmente puedan dar los magistrados a los actos de Cadena y el beneplácito que recibió de Uribe Vélez, no cabe duda que son sucesos posteriores —más de 14 meses después— a la fecha límite que se le impuso a los procesos que recibe la JEP. Su férrea oposición al acuerdo de paz, incluyendo las consecuencias que este trajo como un tribunal de justicia transicional, es otro motivo que convierte en improbable la propuesta. Desde ya, tan solo horas después de que se hiciera pública la medida de aseguramiento, su partido, el Centro Democrático, planteó en el Congreso una constituyente que hiciera posible una reforma a la justicia, unificando a las altas cortes y aboliendo a la JEP. La abanderada de la propuesta es la senadora caucana Paloma Valencia, quien ya en 2014 había radicado un proyecto de ley que fracasó para la creación de una sola corte. Ahora, con el foco nuevamente en las cortes a raíz de la coyuntura, Valencia enfatizó en la necesidad de una sola corporación en la que los magistrados no tengan ningún nexo con la política y se llegue por mérito. Además, se despachó contra la JEP y la acusó de servir a los intereses de grupos armados. “Colombia no puede seguir aceptando la JEP, una jurisdicción creada para beneficiar el terrorismo y garantizar la impunidad a quienes dinamitaron al país” fueron sus palabras.
En este sentido, y teniendo en cuenta cómo ha procedido su colectividad durante las horas siguientes a la decisión de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, todo parece indicar que Uribe Vélez no contempla la posibilidad de acudir ante la JEP. Vale recordar que en el mes de marzo, desde su cuenta de Twitter criticó la amnistía que concedió el tribunal a la exguerrillera Marilú Ramírez, alias la Mata Hari, una de las responsables del atentado a la Escuela Superior de Guerra en 2006, y afirmó que "la JEP debe ser eliminada".
Por último, el mismo acuerdo de paz prohíbe el sometimiento a la JEP de "personas que hayan ejercido la presidencia de la república" y señala que deberán regirse por lo contemplado en las normas ya existentes. "En caso de que ante la JEP obre una información que comprometa a una persona que haya ejercido la presidencia de la república, dicha información se remitirá a la Cámara de Representantes para lo de su competencia, remisión que se efectuará en el momento que se considere adecuado por la JEP, después de haber realizado las verificaciones pertinentes” establece el acuerdo. Esto termina de sepultar cualquier posibilidad de que el expresidente se someta ante la JEP ya que, además de que iría en contra del ideario político que ha defendido en los últimos años, no le está permitido. La estrambótica idea de que Uribe vaya a la JEP es jurídicamente imposible y políticamente absurda.