El exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt Chaljub fue capturado en el municipio de Montería, capital del departamento de Córdoba, por agentes del CTI de la Fiscalía, luego de que fuera ratificada la condena en su contra por el caso de corrupción y soborno por favorecer o ayudar a la firma Fidupetrol en el trámite de una tutela que llegó a su despacho en la Corte.
“La Corte Suprema ratifica condena y ordena captura contra exmagistrado Jorge Ignacio Pretelt... Al ordenar su captura como responsable del delito de concusión, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 6 años y medio de prisión”, dice el documento de la Corte conocido por SEMANA.
Tras conocerse la captura de Pretelt, su abogado, José Darío Salazar, dio a conocer que por ahora el exmagistrado de la Corte Constitucional permanecerá en Montería por algunos problemas de salud.
“Él no está bien, tiene un diagnóstico médico bastante reservado, especialmente tiene problemas cardiacos, pulmonares. Obviamente, Bogotá es una ciudad distinta a estar en una ciudad con una altura más hacia nivel de las costas y por eso los médicos solicitaron que se abstuvieran de trasladarlo en un avión porque creen que no está en condiciones, por eso está recluido en estos momentos en el CTI de la ciudad de Montería”, dijo el abogado en diálogo con Noticias Caracol.
También se dio a conocer qué hará la defensa del exmagistrado Pretelt luego de que fuera capturado en la capital del departamento de Córdoba. “Se está analizando por parte de un abogado internacionalista presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque aquí ha habido muchas inquietudes y muchas dudas y muchas certezas de que el doctor Pretelt no tuvo las garantías suficientes”, precisó Salazar en el citado medio.
Como el exmagistrado Pretelt ya fue condenado por la Corte Suprema de Justicia, su abogado indicó: “Ya no quedan sino las cortes internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la que puede acudir mi representado, a través de abogados internacionalistas, como lo han hecho en otras ocasiones otros colombianos”.
El objetivo de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el de lograr que se revise el caso de Pretelt. “Esas instancias supranacionales pueden tomar decisiones frente a la justicia colombiana y revisar el procedimiento y la garantía de los casos, para eso hay tratados internacionales y Colombia hace parte como asignatario de estas instancias internacionales, es como la Corte Penal Internacional que incide y falla cuando hay problemas en la justicia de un país o cuando se cree que no hay garantías”, señaló Salazar.
Es de mencionar que para la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el expediente quedó probado que el 18 de octubre de 2013, el entonces magistrado solicitó al abogado Víctor Arturo Pacheco Restrepo apoderado de Fidupetrol, la suma de $500′000.000, con el fin de adelantar gestiones al interior de la Corte Constitucional.
“Para sacar airosa una acción de tutela promovida por Fidupetrol contra un fallo dictado en su contra por la Sala de Casación Penal, que le obligaba a pagar a favor de la Gobernación del Casanare, $22.500′000.000 más intereses del 10,5% anual”, añade el documento
Según la Corte, el encuentro para esa “negociación” se realizó en el apartamento del magistrado en la ciudad de Bogotá, antes de asistir a una reunión en el Club El Nogal organizada por Pretelt a la cual estaba invitado Pacheco.
La decisión, adoptada por unanimidad con la participación de cuatro conjueces, ratifica la pena de prisión en centro carcelario impuesta por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, pero modifica la pena de multa, fijándola en el equivalente a 56,25 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de ocurrencia de los hechos y reduce la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas en el término de 64 meses y 15 días.
De acuerdo con la sentencia, se demostró que con el propósito de “echar por tierra” la millonaria condena impuesta por la Sala de Casación Penal en contra de Fidupetrol, Pretelt le presentó a Pacheco una fórmula u hoja de ruta para el éxito de la gestión, que incluía que Fidupetrol contratara los servicios profesionales del exmagistrado de la Corte Constitucional Rodrigo Alonso Escobar Gil, para que continuara el trámite de la acción de tutela.
En ese momento la tutela se encontraba en revisión ante la Corte Constitucional, y supuestamente entregarían prebendas a personas que integraban el núcleo familiar del magistrado a cargo del asunto.
“El fallo explicó que ese contexto fáctico permitió escindir dos escenarios distintos: las influencias de Fidupetrol para la selección de la tutela por parte de la Corte Constitucional, y la solicitud concusionaria, realizada inmediatamente después de la selección de la tutela para su revisión, con el fin de obtener un fallo favorable a los intereses de Fidupetrol”, se lee en el documento.
La corte reveló que en el primer escenario, tuvieron participación activa algunos directivos de la fiduciaria y el abogado asesor Víctor Arturo Pacheco, personas que aceptaron responsabilidad por el delito de tráfico de influencias de particular y fueron condenadas. En el segundo, donde intervino Jorge Pretelt al solicitar la suma de $500′000.000.
“A juicio de la Corte, Pretelt incurrió en el delito de concusión, puesto que, con abuso del cargo de Magistrado de la Corte Constitucional, realizó solicitud indebida para viabilizar un resultado positivo en el trámite de revisión de la acción de tutela promovida por Fidupetrol, comportamiento que se identifica con la modalidad de concusión implícita”, añadieron.
En ese caso la Corte argumenta que la petición se supone obligatoria para la víctima, por la posibilidad fundada de recibir un perjuicio en el evento de no acceder a lo pretendido, en razón al poder que el agente detenta, en ese caso Pretelt.
La Sala de Casación Penal precisó que el punible de concusión se consuma cuando se realiza la exigencia dineraria o de cualquier otra utilidad indebida, bien sea que se efectúe de manera directa, o sutil, o mediante amenazas, instante en el que «se menoscaban la dignidad, moralidad, integridad, pulcritud, confiabilidad y transparencia de la administración pública, cuyos valores deben imperar en los funcionarios y sus actos».