A pesar de intentar detener su extradición en varias ocasiones, el empresario Carlos Mattos fue capturado por las autoridades españolas en las últimas horas luego de que se emitiera la orden en ese sentido desde la Audiencia Nacional de España. Mattos es acusado por un juez en Colombia de los delitos de cohecho por dar y ofrecer en grado de autoría, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático y daño informático.

SEMANA conversó con el abogado Iván Cancino quien explica que Mattos, en efecto, estaba citado hoy por la Audiencia Nacional, se presentó y “al final de la misma, se acordó arrestarlo con fines de extradición. Por su estado de salud es conducido en ambulancia a una sala especial en Soto del Real. Todavía queda el recurso de súplica, asuntos ante el Tribunal Constitucional y otros temas derecho internacional”.

Cancino explica que Mattos no será recluído en una cárcel ni tampoco considera que su extradición sea inmediata: “Puede ser en el corto plazo, dependiendo de lo que se demore la justicia en resolver varios asuntos que son decisivos en el caso. Pero no creemos que sea de inmediato”.

SEMANA reveló hace unos días en exclusiva una carta que le envió el abogado del empresario Carlos Mattos en España a la audiencia Nacional en ese país, después de las declaraciones que les entregó el ministro de Justicia Wilson Ruiz a medios radiales y escritos en Colombia, incluyendo SEMANA, en las que explica que ha establecido comunicación con autoridades en España y que le han confirmado que en los próximos días se daría su extradición.

La misiva está firmada por el abogado Fernando Ismael Oliver Romero y señala: “El ministro de Justicia colombiano está categorizando tácitamente a la Audiencia Nacional de corrupta, a sucumbir a prácticas que se alejan de los estrictamente jurídico y de lo que esta institución realmente representa”.

Advierte que, de ser ciertas las palabras del Ministro de Justicia, “nos encontraríamos ante la clara intromisión de un tercer país en procedimientos judiciales seguidos en España, con la consiguiente vulneración de los más elementales derechos fundamentales”.

Y es que el sonado caso Hyundai lleva más de cinco años rodando por despachos judiciales y el protagonista de esta contienda legal, el empresario Carlos Mattos, está en España debido a que el juicio en su contra ha sido aplazado en varias ocasiones.

El caso arrancó como una disputa civil por la comercialización de los vehículos Hyundai en Colombia, en la que Carlos Mattos insistía en tener la representación legal. En ese momento, según la Fiscalía, el señor Mattos logró que funcionarios judiciales y abogados se orquestaran para conseguir que el reparto de una demanda terminara en manos de un juez específico.

El proceso de investigación de las autoridades permitió identificar que el plan funcionó y la demanda quedó en manos del juez que —finalmente— tendría, según la Fiscalía, que fallar a favor de Mattos. Esa estrategia criminal incluyó sobornos a funcionarios judiciales y la manipulación del sistema de reparto en los juzgados civiles de Bogotá.

No obstante, el proceso va más allá y un juez, un oficial mayor de juzgado, ingenieros de la rama judicial y abogados terminaron capturados y, al final, los reflectores apuntaron a Carlos Mattos. La Fiscalía obtuvo órdenes de captura en su contra y se solicitó su extradición de España.

En marzo, el Ministerio de Justicia le envió una carta a la Cancillería en la que pide más información sobre el caso de Carlos Mattos y los motivos bajo los cuales se ampara su solicitud de extradición. El motivo es que, aunque Mattos es investigado por tres delitos en Colombia, la petición a España solo plantea uno, lo que podría afectar su proceso e incluso que en el país solo se le pueda juzgar por cohecho. Es decir, existía el riesgo de ser juzgado solo por un delito.