El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, entregó las principales conclusiones que dejó la cumbre de alto nivel para atender la grave crisis humanitaria que se vive en las Unidades de Reacción Inmediatas (URI) y en las estaciones de Policía en el país. Los cupos en esos lugares que se han adecuado para la detención de personas ya supera el 150% de la capacidad.
En total, serían más de 27.000 personas que viven en condiciones infrahumanas por el lastre que también deja el hacinamiento en las cárceles del país. Por eso, el magistrado Chaverra anunció que para atender esa situación en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, se tomarán medidas adicionales que permitan darle una solución a ese drama humanitario y que también se convierte en un traumatismo para los procesos judiciales.
El magistrado Chaverra explicó que “no se cuenta con la capacidad suficiente por parte de la Policía judicial para cumplir con las remisiones cuando estas personas privadas de la libertad en estos sitios requieren la asistencia a los despachos judiciales”. Lo que termina convirtiéndose, en la mayoría de casos, en un vencimiento de términos y de paso en aumento para la tasa de impunidad.
Por esa razón, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, la fiscal general, el ministro de Justicia, el director de la Policía, el director del Inpec y los alcaldes de las ciudades capitales mencionadas tomaron medidas urgentes para atender la delicada situación por la que pasa el sistema penitenciario en Colombia.
“Como quiera que se tiene identificado de que casi 900 personas que se encuentran privadas de la libertad en estaciones de policía y en las URI ya tienen la calidad de condenados, a través de un trabajo articulado con el Ministerio de Justicia y la Policía Nacional se va a procurar el traslado de estas personas a las cárceles del país donde el ministro puso de presente que existían los CUC, que podrían generar que estas personas sean trasladadas a establecimientos de reclusión”, indicó el magistrado Chaverra.
Preliminarmente, se va a arrancar con el traslado de 390 personas privadas de la libertad que ya están condenadas y a las que se habilitó cupo carcelario. Así mismo, el Inpec realizará un informe sobre los internos que tienen beneficios como libertad condicional o casa por cárcel para saber qué decisiones pendientes tienen los jueces de garantías para que se pueda ejecutar esas medidas.
Como tercera medida, Chaverra explicó que “se acordó estudiar desde el punto de vista jurídico la viabilidad de que los entes territoriales puedan crear sitios especiales temporales de privados de la libertad que sean manejados por las alcaldías y los entes territoriales, para a través de esa medida también ayudar en la descongestión de las estaciones de policía, dada la sobrepoblación de privados de la libertad”.
Y una de las medidas que podría generar bastante polémica es que las estaciones de policía deben garantizar el tema de la conectividad para que los presos atiendan las diligencias judiciales, pese a que en la norma esos espacios no están diseñados para tener personas detenidas. Sin embargo, Chaverra explicó que gran parte de esa medida es responsabilidad de los alcaldes.
“Para efectos de garantizar que las audiencias o las diligencias no se malogren, se acordó con los señores alcaldes que iban a revisar en las estaciones de policía de sus municipios el tema relacionado con la conectividad, dotando también esas estaciones de policía de los equipos necesarios para que las audiencias, por lo menos las preliminares relacionadas con la legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento, se puedan hacer de manera virtual, sin que la policía deba comprometerse en el traslado de estas personas privadas de la libertad a los despachos judiciales”, explicó Chaverra finalizada la cumbre que tardó casi tres horas.
Con estas medidas se espera que disminuya considerablemente la población de privados de libertad en estaciones y URI, y de paso, que las diligencias judiciales se puedan cumplir con la administración de justicia.