La polémica por la decisión de un juez que en Bogotá otorgó la detención domiciliaria a un hombre señalado de atacar a su pareja sentimental con un líquido inflamable y luego prenderle fuego, ya tiene una respuesta del mismo juez. Dijo el Juzgado 31 Penal Municipal con función de control de garantías que la decisión y la medida de aseguramiento adoptada (en casa) por el despacho se compadece con las exigencias de la ley para este tipo de casos. Además, les recomienda a los medios de comunicación y a la opinión pública revisar los “fundamentos de la decisión”.

El reproche, por recordarle al juez, no salió de los medios de comunicación, sino de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, al criticar la decisión y advertir que se trataba de un grave caso de impunidad en un escenario que puso en riesgo de muerte a una mujer, la víctima en este proceso.

“¡Cómo es posible que un caso de feminicidio con plena evidencia de un hombre que quema a su pareja y la tiene entre la vida y la muerte, y el juez da prisión domiciliaría al victimario! ¡La impunidad incita a más violencia e inseguridad! ¿Qué espera? Que la reciba en casa si se salva?”, dijo a través de sus redes sociales la mandataria.

La crítica generó la respuesta de un juez, algo que en muy pocas ocasiones sucede, pues se amparan en la autonomía judicial a la hora de tomar sus decisiones. En esta ocasión el togado que tomó la determinación de enviar a la casa al presunto responsable del intento de feminicidio explicó que la medida de aseguramiento tuvo en cuenta la protección de la víctima.

“La selección de la medida de detención en residencia obedeció a la acreditación, por la defensa de esta persona, de un ámbito domiciliario alejado y diferente al de la víctima, que permitía neutralizar suficientemente el riesgo detectado… En esas condiciones, el sistema judicial no podía optar por medidas más intensas”, dijo el juez.

Adicionalmente, el juez advirtió que el procesado no tenía antecedentes de violencia intrafamiliar, pero como representaba un riesgo para la víctima por eso lo cobijó con la detención domiciliaria, justamente el reclamo de varios sectores en procura de la protección de la mujer que resultó atacada.

La defensa del hombre capturado insistió en que su cliente estará en un casa diferente a la que compartía con la víctima, razón suficiente para garantizar que no se convertirá en un peligro para su expareja una vez salga de la clínica.

“Explícitamente se indicó que se estaba ante un evento de grave violencia de género, que a pesar de que no había antecedentes de violencia o delincuencia por parte del señor Rivera Triana, su libertad representaba riesgo para la víctima por su convivencia, y que, por ello, debía detenérsele”, señaló el juez en su respuesta.

El juzgado además insiste en que los argumentos de su decisión son públicos y por eso invita “a los medios de comunicación y al público en general” a consultarlos antes de llegar a interpretaciones equivocadas que no son parte del proceso. Aun así, para algunas organizaciones sociales permitirle al presunto agresor regresar a la casa es un grave mensaje a la comunidad y a la efectiva impartición de justicia.

La Fiscalía apeló la decisión, la detención domiciliaria, mientras el juez aseguró que no es el encargado de definir la responsabilidad del procesado, ni de condenarlo; “ello corresponde a los jueces de conocimiento”.