Hace unos años Colombia estallaba de rabia con los reportes diarios de los medios de comunicación por casos de mortalidad infantil en el departamento de La Guajira. Niños que morían de física hambre en ese departamento y que obligó a celebrar varios convenios para reducir esa tragedia. Los convenios se convirtieron en un foco de corrupción que dejó, diez años después, una pena que avergüenza más.
Emerson Segundo Pinto, primo de la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, en 2011 era el secretario de salud del municipio de Albania. Fue el encargado, según la Fiscalía, de revisar los convenios que se firmaron con el Hospital San Rafael justamente con el objetivo de “desarrollar planes de acción para reducir la mortalidad infantil, especialmente, en comunidades indígenas”.
Pinto, fue candidato a la alcaldía del mismo municipio, pero como secretario de salud fue el responsable de supervisar los convenios, elaborar y aprobar las actas de inicio, ejecución y liquidación de los contratos y de las interventorías. Justamente con su “trabajo”, amplio en habilidad y escaso en honestidad, se avaló el pago por más de 18.990 millones de pesos que terminaron en manos de campañas electorales para llegar a la gobernación del departamento.
“Ante la contundencia de los elementos, el exfuncionario aceptó su responsabilidad en los hechos y, mediante preacuerdo, fue condenado a tres años y un mes de prisión (37 meses) por el delito de falsedad ideológica en documento público”, señaló la Fiscalía al confirmar la condena en contra del primo de Oneida Pinto, también procesada por hechos de corrupción en el departamento.
“Asimismo, se estableció que los convenios fueron entregados a diez particulares que no cumplieron a cabalidad las actividades previstas, ni se entregó a la totalidad de los grupos indígenas ayudas alimenticias, agua potable, medicamentos y atención médica profesional”, señaló Eduard Alirio Calderón, director especializado contra la corrupción.
Los investigadores identificaron irregularidades en todas la etapas de los contratos, sin un amago de esconder la fechoría, de forma descarada los firmaron y desviaron los recursos para salvar la vida de los niños, a la cuentas de campañas políticas. “Con relación a las etapas previas de la contratación se identificaron inconsistencias como carencia de estudios técnicos y financieros, y ausencia de un censo de la población a beneficiar y su ubicación geográfica”.
En la fase de ejecución, la Fiscalía estableció que fueron contratadas 1.459 personas a quienes se les pagó un valor diferente al reflejado en las órdenes de prestación de servicios y como si fuera poco se descubrieron sobrecostos y actividades que registraron y cobraron, pero que nunca se realizaron.
Los tres años de condena en contra del exfuncionario fueron resultado de un acuerdo al que llegó con la Fiscalía para aceptar el delito de falsedad en documento público.
Si bien así funciona el sistema judicial y la Fiscalía cumplió con las normas para llegar a un acuerdo con el procesado, resulta triste para el país que este tipo de delitos se castiguen con penas tan pequeñas que no resultan ejemplarizantes y que terminan incentivando a otros corruptos que saben que la justicia, al final, terminará siendo benévola.