Los familiares de los 22 cadetes de la Policía Nacional que perdieron la vida por el atentado terrorista que perpetró la guerrilla del ELN en la escuela de la Policía General Santander lanzaron una pregunta a la justicia colombiana: ¿por qué aún no hay condenas por este caso?
La demora obedece a que el caso en diferentes estrados judiciales estaría avanzando lentamente, pese a que una vez que se registró el atentado las autoridades avanzaron con celeridad para esclarecerlo al capturar a varias personas presuntamente involucradas.
Las investigaciones apuntaron en su momento a señalar que quien estaba manejando el vehículo fue identificado como José Aldemar Rojas, alias El Mocho, integrante del ELN, participación que detalló en su momento el Ministerio de Defensa. También figuran dentro del expediente Andrés Felipe Oviedo Espinel, conocido como Jesús, el cual habría sido a quien se le impartieron directrices para planificar a detalle el carro bomba en la escuela.
Pero tampoco se conoce todavía un resultado definitivo sobre condenas en el caso de Angie Lorena Solano Cortés, alias Maco, o Miguel Antonio Castillo Rodríguez, alias Toño, quien de acuerdo con las indagaciones era dueño de dos empresas de producción y distribución de quesos a través de la que se habría financiado el atentado, y aún no se profiere una condena en contra de Carlos Arturo Marín Ríos, conocido como Marín.
Homenaje
El lunes en las instalaciones del búnker de la Fiscalía General de la Nación se realizó un sentido homenaje con camisetas blancas, globos del mismo color y decenas de fotos a los policías asesinados en los últimos años. El representante a la Cámara por Bogotá, Jaime Uscátegui, convocó a los colombianos que rechazan los ataques a la Fuerza Pública a hacer presencia como una muestra de solidaridad clamando justicia.
Cabe recordar que hace tres años, el ELN cometió uno de los hechos más sangrientos que ha vivido en la historia reciente de la capital del país. Cuando apenas habían pasado 17 días del año 2019, un pelotón de 22 cadetes de la compañía Juan María Marcelino Gilibert de la Escuela General Santander, que se preparaban para ser oficiales de la Policía Nacional, fue sorprendido por una fuerte explosión y en cuestión de segundos un gigantesco hongo de fuego los consumió.
En la Fiscalía en el occidente de Bogotá, decenas de familiares asistieron al llamado “plantón por la Fuerza Pública”, participando con emotivos mensajes. No solo se rechazaba la muerte de los 22 estudiantes que aspiraban a ser oficiales de la Policía Nacional, sino que también se manifestaron en contra los 172 homicidios a miembros de la Policía, asesinados durante el 2021 en el marco del cumplimiento de sus funciones.
A su turno, el congresista del Centro Democrático recordó que, de acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa, desde 2013 la cifra de asesinados de la Fuerza Pública venía disminuyendo; no obstante, para 2021 la tendencia se rompió, lo que demostró la difícil situación de orden público que se vive en el país, y donde al menos el 98 % de los casos se mantienen en la impunidad.
Sobre ese triste panorama, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), reveló que en el país se registra el accionar de 22 estructuras narcotraficantes y grupos delincuenciales con 5.360 personas; 34 estructuras disidentes de las Farc, con 5.200 integrantes y 2.450 guerrilleros del ELN en todo el país, incluyendo zonas en las que hace presencia tanto la Policía como las Fuerzas Militares.
Sin embargo, varios de los que asistieron al plantón eran amigos y familiares de las víctimas, al lugar también arribaron miembros retirados de la fuerza pública, militantes de su partido y ciudadanía que alzaron la voz en protesta, solidarizándose con aquellos que han perdido a sus seres queridos mientras le prestaban un servicio a la patria.
“Cientos y miles moviéndose en un solo cuerpo. Héroes de la patria que llevan a todo un país entero en su uniforme”, indicó el congresista desde el momento que convocó a la movilización.
Por su parte, Diego Pérez, padre del cadete muerto en el hecho Diego Alejandro Pérez, dijo que ha sentido estos tres años como una eternidad. Así como de largos se hicieron los 369 kilómetros de distancia que recorrió entre El Toro, Valle, y Bogotá el día que se enteró de lo sucedido en televisión.
Finalmente, alertó que el proceso está lleno de dilaciones y artimañas: “Si le duele una uña al abogado defensor, aplazan. ¿Dónde está la severidad que prometían?”, cuestiona el hombre que decidió dejar de viajar del Valle del Cauca a las audiencias realizadas durante los últimos años en Bogotá, porque argumenta que de once ciudades diferentes viajaban los padres con esfuerzo y esperanzados de tener respuestas, pero se devolvían frustrados por los aplazamientos.