Destituidos e inhabilitados por 19 años para ejercer cualquier tipo de cargos públicos. Esta es la fuerte sanción disciplinaria que acaba de emitir la Procuraduría General en contra de tres funcionarios de la Alcaldía de Cartagena por su responsabilidad por los hechos que conllevaron al colapso del edificio Blas de Lezo II, construido en el sector Plan 400 del popular barrio Blas de Lezo, en la capital de Bolívar, en hechos registrados el 27 de abril de 2017.
En esa oportunidad, 21 obreros perdieron la vida tras el colapso de la edificación, mientras que otros 23 resultaron gravemente heridos. El organismo de control disciplinario determinó que los funcionarios permitieron la construcción sin licencias urbanística, todo esto a cambio de coimas, lo cual quedó reflejado claramente entre los años de 2013 y 2017.
En el juicio disciplinario se concluyó que existió una clara coordinación entre los funcionarios para omitir cualquier tipo de control para aprobar las licencias de construcción. Las pruebas reconocieron la existencia de un acuerdo premeditado de antaño entre los funcionarios de la Alcaldía y los constructores que no cumplían con las normas urbanísticas en Cartagena.
Igualmente, se concluyó que se presentaron irregularidades en la construcción de al menos diez edificaciones en la capital del Bolívar, reseñando que no cumplían con los requisitos establecidos en materia de urbanismo y en la que los tres funcionarios públicos, Gilberto Marrugo Maldonado, Ricardo Javier Castellar Pérez y Jorge Luis Cudris Pájaro, operaron de la misma manera.
En el fallo, la Procuraduría General calificó las faltas de los tres funcionarios como gravísimas a título de dolo, esto porque eran conscientes de las irregularidades y de los riesgos que se presentaban con su actuar. Por eso aplicó una de las sanciones más altas en el Código Disciplinario.
Por estos hechos, fueron capturados en 2017 Wilfran Quiroz, constructor del edificio Blas de Lezo II, su hijo David Quiroz, quien fue el ingeniero; contra el jefe de obra y dos funcionarios de la administración distrital. Todos ejercían algún tipo de control sobre la construcción.
Tras la caída del edificio Blas de Lezo II el suspendido alcalde Manolo Duque realizó un recorrido por las tres localidades y encontró que de 125 edificios inspeccionados, 96 no tenían licencia de construcción, lo que indica el nivel de informalidad y la falta de control en este sector.
El colapso del edificio Blas de Lezo II abrió un debate sobre las licencias de construcción en Cartagena, los permisos otorgados de manera irregular a varias empresas para el desarrollo de proyectos que no cumplían con los requisitos.
Entre las irregularidades en las que habrían incurrido los constructores está la de haber fijado una valla informando sobre la obra en construcción con base en una licencia falsa y en un terreno inadecuado para ejecutar la obra, pues el lote es de sólo 340 metros y el curador afirmó que la norma del POT vigente establece que debe ser de 480 metros cuadrados con 16 metros de frente.
Además, en ese barrio y para el lote con la descripción legal, sólo se pueden construir edificios de cuatro pisos, y el Blas de Lezo II ya tenía construido un quinto y una especie de terraza, es decir seis pisos.
En su momento, la Personería de Cartagena anunció la apertura de una investigación por la violación de normas urbanísticas y por el incumplimiento de la seguridad social que debían tener los obreros. Un grupo de concejales de Cartagena pidió al alcalde separar de sus cargos a la secretaria de planeación, al director de la oficina de Control Urbano y a la alcaldesa de la localidad número tres, donde ocurrieron los hechos.
En un mensaje emitido por su oficina de comunicaciones, el personero dijo que entre 2016 y 2017, ha presentado más de un centenar de funciones preventivas donde alerta sobre posibles irregularidades por presuntas violaciones de normas urbanísticas en la ejecución de proyectos inmobiliarios.