Los generales en retiro del Ejército Nacional, Justo Eliseo Peña, Óscar González Peña y Leonardo Alfonso Barrera Gordillo, fueron citados a rendir versión libre ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el marco de la fase nacional del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, y del Caso 05, que prioriza la situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.
En este expediente, la Sala ha recolectado información frente a 307 asesinatos de civiles que fueron presentados como guerrilleros abatidos en combate en los informes operacionales entregados por agentes del Estado en estos departamentos.
Por estos hechos, también fue citado a declarar el coronel en retiro Emiro José Barrios Jiménez y los oficiales (r) Edwin Javier Madroñero, Wilfredy Areiza Jaramillo y Julio César Álvarez Pedreros.
“Esta investigación aborda violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en la región, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas, violencia sexual, desplazamientos, desapariciones forzadas y afectaciones al medio ambiente”, precisó la JEP en la citación.
Los hechos investigados y por los cuales los oficiales en retiro deberán dar su versión se presentaron entre el 1 de enero de 1993 y el 1 de diciembre de 2016.
Igualmente, esta justicia transicional investiga una posible alianza entre miembros de la fuerza pública y el Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). “Hasta ahora, 52 miembros de la fuerza pública han sido llamados a versión en este macrocaso”, señaló la Sala.
En medio de este caso, en marzo de 2024, fueron citados a declarar doce comparecientes que formaron parte de la fuerza pública. Entre ellos hay excomandantes de la Tercera División y la Tercera Brigada del Ejército Nacional, así como del Gaula del Ejército, quienes operaron en el Valle del Cauca. Se les investiga por su presunta participación en ejecuciones extrajudiciales ocurridas en los 42 municipios de este departamento.
“La JEP ha recaudado información sobre numerosos casos de asesinatos presentados como bajas en combate por agentes del Estado ocurridos en el departamento del Valle del Cauca. Según investigaciones del Grupo de Análisis de la Información (GRAI), entre el 1 de enero de 1993 y el 1 de diciembre de 2016, se registraron 307 muertes en este departamento que fueron ilegítimamente presentadas como bajas en combate”, aseveró la Sala mediante un comunicado.
En este expediente se han tenido en cuenta los informes presentados ante la JEP por los representantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y la Corporación Plural destacan que, en el Valle del Cauca. “Los asesinatos de civiles por parte de la fuerza pública se realizaron mediante diversas modalidades. Estas incluían el perfilamiento proporcionado por informantes, engaños a través de reclutadores o instigadores, y la transacción de cuerpos asesinados con organizaciones paramilitares o narcotraficantes”.
Por su parte, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) ha mencionado ante la JEP numerosos hechos presuntamente cometidos por la fuerza pública en la zona priorizada en el Caso 05 como militarización de sitios sagrados, restricciones en la movilidad, desplazamientos, homicidios selectivos por parte del ejército nacional, ataques contra viviendas indígenas, asesinatos para desalojo de indígenas de haciendas ubicadas en el norte del Cauca, asesinatos de comuneros y asesinatos de indígenas durante las mingas.
Con la recolección de estas declaraciones, la Sala tomará una decisión sobre la situación judicial de estos oficiales del Ejército Nacional.