Los líderes caucanos Nereo Meneses, Marco Meneses y Ariel Sotelo fueron asesinados este lunes 29 de agosto en la vereda La Herradura del municipio de Almaguer, en el sur de Cauca. Seis hombres vestidos de camuflado y fuertemente armados los interceptaron en la carretera, los condujeron a la vereda Monteoscuro y allí los mataron.Los tres eran defensores del medio ambiente y miembros del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA). Durante el último año esta organización ha denunciado en repetidas ocasiones amenazas hacia sus líderes fundamentadas, principalmente en su oposición a la minería y al narcotráfico en su territorio (la mayor fuente hídrica del país). Esas muertes sumieron a la población en el miedo y la incertidumbre. Mientras esto sucedía en el sur de Cauca, en el norte del departamento se vivía una situación completamente opuesta. El cese al fuego bilateral y definitivo acordado por las FARC y el Gobierno, que comenzó a regir también el lunes 29 de agosto, significaba el fin de una historia de violencia sin tregua en municipios como Corinto y Toribío. Estos territorios sufrieron como casi ninguna otra región del país la crudeza de las FARC. Sólo Toribío fue centro de unas 670 tomas guerrilleras.Lo que se está viviendo en Cauca es una maqueta a pequeña escala de los contrastes que atraviesa hoy Colombia. El inicio del cese del fuego bilateral coincidió con la muerte de los tres líderes caucanos, y también con el asesinato de cuatro indígenas awá en Tumaco (entre el 27 y el 29 de agosto).Le puede interesar: Se recrudece la violencia en Tumaco: ya son cuatro indígenas awá asesinadosAlgunos dicen que el recrudecimiento de la violencia en estas regiones podría estar conectado con el retiro de las FARC y la llegada de nuevos grupos criminales que quieren disputarse el poder y el territorio que deja la guerrilla. Sin embargo, expertos como Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflicto (Cerac), aseguran que no se pueden relacionar. “Esa tendencia de aumento de violencia política viene de tiempo atrás”, aseguró.Para Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado y asesor de la comisión negociadora, uno de los retos de la “paz estable y duradera” es que el “Estado ocupe los lugares que antes ocupaban las FARC. Si eso no ocurre, la paz estará en problemas y cualquier esfuerzo que haga el Estado será poco frente a los kilómetros cuadrados que van a quedar sin control”.Henao reconoció que en este momento el país se encuentra en un tránsito y que eso se traducirá en unos “días complicados” que los grupos criminales podrían aprovechar. “Este es el momento más delicado y el Estado tiene que tener cuidado”.Lo que sí es claro, y lo que demuestran estos hechos, es que el país está atravesando por un contexto muy delicado para la implementación de los acuerdos de paz. Y este es el sentir de muchos. “Cauca va a continuar siendo un eje de guerra en el posconflicto y eso lo debe tener claro el Gobierno”, aseguró Miguel Alberto Fernández Orozco, coordinador del área de derechos humanos del Comité de Integración del Macizo Colombiano.Según Fernández, esa guerra que se seguirá librando en Cauca tiene dos protagonistas: el narcotráfico (por el cultivo y la transformación de la coca) y la minería. “Actores ilegales se han venido metiendo: ha llegado gente de Nariño, de la costa atlántica, de Antioquia… este es un hervidero de muchas partes, incluido la conveniencia de organismos del Estado que permiten el tránsito de las retroexcavadoras (utilizadas para la minería ilegal) por las carreteras”, advitió Fernández.En palabras de Jorge Restrepo, del Cerac, la situación de Cauca es "complejísima". “Hay zonas en que la población está en simbiosis de intereses con las FARC, como la zona pacífica de piedemonte y la de cultivo de marihuana andina. Otras en las que está sometida, como en los cascos urbanos del pacífico como Timbiquí y Guapi. Otras en las que es contraria a las FARC, como en zonas indígenas como Caldono, donde ni siquiera pudieron entrar las comisiones a ver las zonas de normalización”.Según el observatorio de la Red por la Vida y los Derechos Humanos de Cauca, en el primer semestre de este año fueron asesinados siete líderes (de los municipios de Sucre, Santander de Quilichao, Sotará, El Tambo y Caloto), y dos docentes (de Cajibío y Páez). El informe señala que la mayoría de estos homicidios se dieron bajo la modalidad de sicariato y que los autores no han sido identificados.Además, se registraron 26 amenazas (individuales y colectivas) contra campesinos, profesores, funcionarios, periodistas y líderes. Esto, a través de panfletos firmados por grupos que se autodenominan los ‘Urabeños‘, ‘Águilas Negras‘, ‘Comandos Urbanos-Los Rastrojos‘, ‘Comando Bloque Nororiental Los Urabeños‘, ‘Bloque Santander de las AUC‘ y ‘Bacrim‘.Semana.com intentó contactar al viceministro del Interior, Guillermo Rivera, para preguntarle por el asesinato de los siete líderes campesinos e indígenas en los últimos días. La respuesta de ese Ministerio fue que sólo se pronunciarán cuando realicen una “reunión de garantías de derechos” con la ONU, la Policía y la Fiscalía. Diego Mora, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), aseguró que hasta ahora no hay registro de que alguno de los líderes asesinados haya pedido protección.El acuerdo de participación política logrado en La Habana contempla unas garantías para los movimientos y organizaciones sociales. Pero eso sólo empezará a andar si los colombianos le dan el Sí a lo pactado por las FARC y el Gobierno. Hasta que eso suceda, el Estado deberá garantizar la vida de estas personas que, desde las regiones, reciben con incertidumbre las noticias de la paz.