Como respuesta a un impedimento que presentaron tres magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió aceptar ese recurso de los togados para conocer los recursos de apelación y queja en el caso del expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
Con esta decisión los magistrados Carlos Andrés Guzmán Díaz, Dagoberto Hernández Peña y Hermens Darío Lara Acuña quedaron por fuera de proceso y ahora el Tribunal de Bogotá tendrá que designar los nuevos reemplazos para que el caso pueda seguir su curso.
El impedimento que aceptó la Sala Penal del alto tribunal tiene que ver con que los tres magistrados tomaron decisiones que afectó los intereses del expresidente de Colombia y jefe natural del Centro Democrático. Dichas determinaciones dejaron en firme la investigación contra Uribe Vélez, a pesar de que la defensa y la Fiscalía explicaron que no existían pruebas ni testimonios que vincularan al también exsenador con el supuesto entramado para influenciar testigos.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia señala que “en efecto, al decidir la apelación propuesta por la delegada Fiscal contra la providencia que negó la preclusión del trámite, los Magistrados que expresaron su impedimento sí formularon distintas consideraciones que, no solo critican la ausencia de elementos probatorios fundantes de la pretensión de preclusión, sino que, incluso, muestran que evaluaron el acervo probatorio inicialmente recaudado e incluso formularon juicios que, a la postre, podrían obnubilar su juicio y afectar la garantía de imparcialidad que recae sobre la administración de justicia en este asunto”.
El alto tribunal explicó que los magistrados del Tribunal es válido porque con esa situación no se iba a garantizar la independencia de la administración de justicia, mientras se estudian los recursos de apelación y defensa que presenten los abogados del expresidente Uribe.
La decisión explica que “los magistrados comprometieron su criterio, en tanto emitieron juicios de valor sobre algunos de los elementos de convicción presentados por la Fiscalía y advirtieron necesaria la continuación del proceso por los delitos atribuidos a Álvaro Uribe Vélez”.
Hay que recordar que el abogado Jaime Granados, defensa de Uribe, presentó en la Corte Suprema de Justicia, una queja contra la juez penal de Bogotá, Sandra Heredia, por el proceso de supuesto soborno a testigos y fraude procesal. Se espera que ese recurso sea resuelto antes del 10 de julio, día en que está programada la siguiente audiencia de preparatoria contra el expresidente.
El documento en el que se confirmó la decisión contra los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, también argumenta que “aquello significa, en aras de garantizar la imparcialidad e independencia de la administración de justicia, que debe declararse fundada la manifestación impeditiva expresada por los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá a la luz de la causal de impedimento formulada”.