El municipio de Girón, en Santander, se quedó definitivamente sin el giro que había ordenado en 2023 el entonces subdirector de riesgo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Sneyder Pinilla Álvarez para el financiamiento de obras públicas.
Este jueves, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló el giro por considerar que las citadas obras no contaban con una justificación clara, por lo que suspendió los efectos de la resolución No. 142 de 2024 de la UNGRD.
En el debate jurídico se tuvo en cuenta que en ningún momento se puso de presente la revisión y recomendación del Comité de Contratación para el desembolso de los recursos. Este documento es clave a la hora de verificar la necesidad de la obra.
“Ni el Decreto 0145 de 2023 ni el Decreto 023 de 2024 contemplaban la construcción de un acueducto o las obras de emergencia generalizadas, lo cual evidencia una falta de motivación y congruencia en el acto administrativo”, enfatiza el fallo
La decisión judicial no termina ahí puesto que se le pidió a todas al autoridades velar por la transparencia en el uso de los recursos públicos, principalmente “en situaciones críticas”.
Esto teniendo en cuenta que el desembolso del dinero para el municipio de Girón, supuestamente, buscaba ayudar a los habitantes que se habían visto afectados por la temporada de sequía en la región.
Sin embargo, en ningún momento se presentó un soporte o se explicó cómo iban a ser utilizados-
Estos dineros, volverán a las arcas de la UNGRD para su uso. “A título de restablecimiento del Derecho, la UNGRD podrá disponer de los recursos a los que se refiere la resolución”.
En la actualidad, Sneyder Pinilla es uno de los principales protagonistas del escándalo de corrupción que saqueó a la UNGRD mediante el desvío de contratos y el cobro de millonarias comisiones.
En enero próximo será acusado por varios delitos por la celebración irregular de millonarios contratos, entre ellos, la compra de 40 carrotanques para La Guajira.
El exsubdirector de la UNGRD se encuentra desde agosto pasado en una guarnición militar. En los últimos meses ha entregado información clave que han permitido identificar a otros implicados en estos actos de corrupción.
El exsubdirector ya firmó un preacuerdo y un principio de oportunidad con la Fiscalía General. Con el primero, recibiría una sentencia de cinco años de prisión.
Mientras que con el segundo se convertiría en el testigo de cargo del ente investigador en los otros procesos penales que se adelanten por estos hechos de corrupción.
La declaración de Pinilla, así como las pruebas que entregó, fueron la columna vertebral de la imputación de cargos hecha recientemente en contra de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, quien habría sido la encargada de coordinar la consecución y el envío de 3 mil millones de pesos para el senador Iván Name.
Por estos hechos de corrupción, el pasado jueves, la exfuncionaria fue cobijada con medida de aseguramiento privativa de la libertad en una guarnición militar.