Esta semana se conocieron algunas imágenes del embajador de Colombia en Venezuela mientras salía del país, en medio del escándalo político-judicial que se conoce como el caso 15.000 y las interceptaciones ilegales de la Dijín. Ahora la justicia le hace un llamado en medio de su viaje por el exterior.

El Tribunal Superior de Bogotá fijó para el próximo martes una audiencia preparatoria en el caso que se conoció como la ‘torre negra’ los hechos de corrupción que enredaron a varios funcionarios de Fonade y que terminaron por vincular al entonces senador.

Las audiencias fueron solicitadas por la Corte Suprema de Justicia en el marco de la investigación que se venía adelantando en esa entidad y como parte de las denuncias por hechos de corrupción que incluían la entrega de cargos en Fonade a cambio de millonarios pagos.

El mismo embajador aseguró que regresaría al país este martes, fecha que coincide con la diligencia preliminar que programó el Tribunal Superior de Bogotá y donde se supone tiene que estar presente junto a su abogado de confianza. Lo que esperan los magistrados que estarán a cargo de la diligencia es que el exsenador asista, así sea por medios virtuales.

La ‘torre negra’

La sede principal del Fondo Nacional de Desarrollo (Fonade) en pleno centro de Bogotá, era conocida como la ‘torre negra’. La Fiscalía descubrió una compleja organización criminal que contaminó la entidad como un cáncer que surgió en el Congreso y en los despachos de los senadores Musa Besaile y Bernardo Miguel Elías.

Una docena de personas resultaron involucradas en este escándalo, entre ellos quienes fueron considerados los socios de Besaile y Elías en Fonade: Richard Kamal Náder Ordosgoitia y el funcionario de Fonade, Jorge Iván Henao. Los dos fueron procesados, pero se convirtieron en testigos y se ganaron un principio de oportunidad que la Fiscalía acaba de prorrogar por un año más.

“Cumpliendo instrucciones de Musa Abraham Besaile Fayad y de los congresistas Bernardo Miguel Elías Vidal, alias Ñoño, y Eduardo José Tous de la Ossa, alias Loche o Lochito, ofrecieron dineros a funcionarios públicos que estuvieran dispuestos a colaborar en la adjudicación del citado contrato y determinaron a un particular para que le prometiera a la otra empresa oferente dádivas injustificadas para que participara en la convocatoria”, se advierte en el contexto que hace la Fiscalía.

Las declaraciones que han entregado los dos beneficiarios del principio de oportunidad se convirtieron en elementos de prueba que fortalecieron las investigaciones en contra de otros procesados en este escándalo, al punto de que se abrieron nuevas líneas de investigación que incluso enredaron a los condenados congresistas.

“Richard Kamal Náder Ordosgoitia rindió diligencias de interrogatorio de indiciado, dentro del radicado… en las que indicó: (i) las personas que estarían involucradas en hechos de corrupción; (ii) que tenía la instrucción de entregar el 15 % del valor del contrato, si era adjudicado a las personas indicadas por él, y (iii) los artificios empleados para lograr la adjudicación del contrato de interventoría”, explicó la Fiscalía en el documento que confirma la prórroga del principio de oportunidad.