Increíble. El tema de los escombros que quedaron después del paso del huracán Iota por el archipiélago de San Andrés y Providencia tuvo que ser abordado jurídicamente.
La Procuraduría General de la Nación venía alertando sobre el desastre en el que estaba convertido el montón de escombros que quedaron después del huracán Iota, que ya casi completa 3 años desde que pasó y dejó una estela de desastre en la zona isleña.
En su momento, así se refirió la procuradora Margarita Cabello, sobre la permanencia de los residuos y el manejo que se les estaba dando: “Es un verdadero desastre, la situación de recolección de escombros en la isla de Providencia”. Su mensaje lo acompañó con el anuncio de que abriría una investigación en contra de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que son los responsables de esta labor.
Interviene el Tribunal
Ahora, el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tomó cartas en el asunto.
Los jueces decretaron medida cautelar de urgencia, la cual había sido solicitada por la Procuraduría General, ante el riesgo que representaba para la comunidad la ausencia de un plan de contingencia para el manejo y disposición final de los residuos generados para atender las afectaciones causadas por el paso del huracán Iota.
En reiteradas ocasiones, la Procuraduría, que vela por el cumplimiento de la misión de los funcionarios que hacen parte de la nómina de las entidades públicas, dijo que los mencionados residuos fueron depositados en centros de acopio transitorios que se fueron volviendo permanentes.
Además, esos verdaderos botaderos de basura a cielo abierto estaban ubicados en diferentes sectores de la isla, lo que agrava aún más el impacto ambiental que provocan.
Orden al alcalde
Ante la petición elevada por el ente de control, el tribunal ordenó al alcalde a proceder con el cierre contundente, urgente y definitivo de “todos los Centros de acopio que fueron transitoriamente destinados como botadero a cielo abierto en la emergencia del huracán Iota”.
Según el Ministerio Público, “el desbordado basurero a cielo abierto de Mc Bean Montain tiene residuos que quedaron como pasivo de la reconstrucción, y la ausencia de una política pública de manejo ambiental, está generando riesgos de contaminación de suelos, riberas, cauces, costas y playas por plásticos, cerámicas, vidrios, metales u otros elementos o sustancias nocivas”.
Y llamado a la Unidad de gestión del riesgo
El tribunal también ordenó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD) a dar inicio de manera inmediata al proceso de evacuación de los residuos sólidos, disponiendo que sea el alcalde, quien supervise y garantice su cumplimiento.
¿Cuál fue la petición original de la Procuraduría?
En febrero de 2023 se produjo una de las advertencias que venía haciendo la Procuraduría General. Providencia y Santa Catalina, principalmente, áreas del archipiélago que además son atractivas para el turismo, aún estaban atestadas de escombros.
En esos lugares que están en la mente de los turistas, como paradisíacos, no se terminaban de evacuar todos los escombros generados del proceso de reconstrucción de las islas.
Pese a los reiterados requerimientos realizados por la Procuraduría, a las diversas entidades que lideraban este proceso, solicitando la disposición final de los residuos ordinarios y especiales, ante los eventuales factores de riesgo ambientales y financieros producidos por su inadecuado manejo, el panorama continuaba igual.
No obstante, para ese momento (febrero), el Ministerio Público reconocía que durante 2021 y 2022 se habían realizaron jornadas de evacuación de toneladas de escombros. Sin embargo, cuando la Procuraduría volvía y realizaba visitas, de nuevo encontraba la persistencia de la problemática. Se establecían espacios de almacenamiento de residuos, pero de manera temporal.
Ahora, con la decisión del Tribunal, puede que se llegue a una solución definitiva.