Muchos fueron los esfuerzos de la Fiscalía para lograr que el exsenador Otto Nicolás Bula Bula pusiera por primera vez un pie en la cárcel. Contrario a lo ocurrido con los implicados en los sobornos de Odebrecht, Bula no quedó tras las rejas, sino que por razones de seguridad fue llevado al Club de Oficiales de la Policía. El tema causó tanto malestar que el fiscal general Néstor Humberto Martínez lanzó cuestionamientos a través de su cuenta de Twitter: "Requerimos del Inpec mantener en centro ordinario al cohechador del fiscal Aldana. Permanece inconsultamente en Club Oficial".Acto seguido, el ente investigador llevó a Bula ante un juez de control de garantías para que, con base en una segunda medida de aseguramiento, lo pusiera tras las rejas. La juez no encontró mérito para dictar otra medida restrictiva de la libertad, a lo que Bula respondió con un particular agradecimiento. Le intentó regalar una estampita de Jesús, lo que terminó en un regaño de la jueza, quien acababa de cuestionar que por regalos la justicia terminara corrompida.  Puede leer: El regaño de la juez a Otto BulaSin embargo, este es apenas un primer capítulo de las situaciones insólitas de Bula con la justicia. Ahora una orden del Tribunal Superior de Bogotá acaba de poner a Bula tras las rejas. Lo paradójico de esta decisión judicial es que proviene de una tutela que interpusieron los mismos abogados del exsenador, buscando el amparo de derechos como el debido proceso, la vida digna y la dignidad humana.El magistrado Alberto Poveda Perdomo le dio 48 horas al general Jorge Luis Ramírez Aragón, director del Inpec, para que deje sin efecto las resoluciones mediante las cuales modificó el lugar de reclusión de Bula, y disponga su traslado inmediato al pabellón especial para funcionarios públicos de La Picota. Con ello, ordena que se dé estricto cumplimiento a la orden inicial del juez que en enero de 2017 había dicho explícitamente que debía ir a una cárcel. No deja de ser curioso que por cuenta del mismo Bula, el fiscal general hubiese ganado una pelea que tenía cazada por todas las decisiones que enviaban a los ‘cerebros‘ de casos de corrupción a lugares VIP, como guarniciones y clubes de oficiales, en reemplazo de cárceles.El tribunal le ordenó a la Fiscalía que, tras 48 horas contadas a partir de la notificación de esta decisión, prohíba a todos los funcionarios y empleados de la Fiscalía que se abroguen facultades y competencias que corresponden exclusivamente a funcionarios judiciales. Esto implica -explica la providencia- que en lo sucesivo, la Fiscalía tendrá que abstenerse de impartir instrucciones para que la reclusión de los internos se haga en lugares diferentes a los que dispuso el funcionario judicial competente o en sitios no autorizados por el Código penitenciario y carcelario. A su vez le pide al director del Inpec que estudie peticiones de traslado de personas privadas de la libertad y determine la competencia y legalidad de quien las solicite para que, sin que se violente el ordenamiento jurídico, tome una decisión que evite que se repitan situaciones como las que aquí ocurrieron.Esta es la forma en que el tribunal accede -a su modo- a tutelar los derechos del exsenador Bula, advirtiendo al Inpec que deberá adoptar y garantizar las medidas necesarias para brindar una efectiva protección del exsenador. Aunque a diferencia de otras veces, a Bula no le quedarán ganas de manifestar su agradecimiento con el sistema judicial.