El próximo 21 de octubre las centrales obreras, estudiantes y otras organizaciones sociales del Comité Nacional de Paro, llevarán a cabo una jornada de paro nacional. Además, no solo habrían protestas en varias regiones del país, sino que también se paralizarían las actividades en algunas instituciones y empresas.

Desde el Comité Nacional de Paro han argumentado que la convocatoria obedece a la negativa del Gobierno nacional a negociar la represión policial, el regreso a clases en los colegios públicos, el salvamento de pequeñas y medianas empresas, así como el pliego de emergencia.

Ante ese panorama, y luego de resolver una tutela interpuesta por dos ciudadanos en contra del presidente Iván Duque, el ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo, y el director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, la libertad de expresión, la paz y a la protesta social, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca pidió al Gobierno un protocolo ‘exprés’ para garantizar las movilizaciones que se llevarán a cabo el 21 de octubre.

“Esas razones conducen a disponer en esta sentencia que el protocolo para que permita el libre ejercicio del derecho a manifestarse debe al menos evidenciar a corto plazo medidas tales como la identificación de las personas y grupos que se infiltran en las marchas y causan los desmanes y desórdenes, como las acciones que deben emprender los agentes de la policía para recuperar el control del orden público con la impartición de órdenes concretas de la manera de actuar en ese momentos de caos y sin que constituya justificación la legitimación en la defensa individual del policía la desproporcionalidad de su conducta atacando por la fuerza a personas indefensas que lo único que hacen es ejercer su derecho a manifestarse”, indicó dicho Tribunal.

Además, el tribunal señaló que los Gobiernos locales de los municipios y del Distrito, no solo deberán limitarse a conceder los permisos para las respectivas manifestaciones, sino conformar un grupo éliteque se encargue de coordinar con los líderes de los sindicatos, el cómo y por dónde se llevarán las mismas de tal manera que se tenga claridad que no se pondrá en peligro el derecho a la vida de los manifestantes.

Lo anterior, puntualizó el Tribunal de Cundinamarca, deberá darse con prontitud dado que el descontento que persiste por parte de la ciudadanía y que va en aumento. Por lo tanto, le ordenó al presidente Duque, al ministro Trujillo, y al director de la Policía Nacional, que procedan a la elaboración de un protocolo que a corto plazo incluya medidas más urgentes que garanticen el derecho de los ciudadanos a manifestarse públicamente atendiendo a la programación y otorgamiento de los respectivos permisos que han de proferir los alcaldes locales para las manifestaciones públicas a realizarse en los próximos días y meses.

Y agregó el Tribunal de Cundinamarca: “Para los anteriores efectos, otórgasele a la mesa de trabajo el plazo de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de este fallo y cuyo documento en todo caso deberán entregar al tribunal antes de la realización de la primera próxima protesta que se autorice llevar a cabo”.

Teniendo en cuenta el fallo anterior, Claudia López, alcaldesa de Bogotá, anunció a través de su cuenta en Twitter que cumplirá lo ordenado, y que reiteraba su “compromiso para cumplir lo ordenado por el fallo junto al Gobierno nacional”.

“Agradecemos también el reconocimiento a @Bogota como garante de la protesta pacífica y de prevención de abusos”, agregó la mandataria de los capitalinos.

A continuación, el fallo completo del Tribunal de Cundinamarca: