El Ministerio del Interior y la Dirección de la Autoridad Nacional tienen un mes para realizar una consulta previa con las comunidades indígenas de Taganga, que están en el departamento del Magdalena que se verían afectadas con la exploración y explotación del pozo Uchuva 2.
Esto, al amparar los derechos fundamentales tutelados por el gobernador indígena, Ariel Daniels de Andreis.
Este miércoles, la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta resolvió la impugnación del fallo que tutela que en septiembre pasado le había ordenado a Ecopetrol la suspensión de toda actividad en el mencionado pozo.
“Revocar en todo lo demás la sentencia de fecha 11 de septiembre de 2024, proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta-Magdalena”, precisa la decisión del Tribunal Superior.
En el análisis jurídico, el Tribunal indicó que “es de conocimiento (...) público y se explicó en cada una de las coadyuvancias allegadas a ese trámite la importancia del pozo Uchuva 2 para el abastecimiento de gas natural en Colombia”.
Igualmente, se pone de presente la transición energética que se ha anunciado desde el Gobierno, señalando que las actividades que se realicen en este pozo son fundamentales para este proceso.
“La explotación cuenta con un potencial para generar hasta cinco terapies cúbicos de gas y los descubrimientos generados recientemente garantizaron a nuestra nación la seguridad energética por lo menos durante 30 años más, material crucial para una real transición, en atención a que ayudaría en al diversificación de fuentes de energía y la disminución de la dependencia de combustibles fósiles”, aclaró.
En la decisión inicial, que generó todo tipo de reacciones, el juzgado cuarto ordenó suspender todo tipo de exploración y explotación en dicho pozo al considerar que se estaban vulnerando los derechos al debido proceso y consulta previa.
Frente a esta situación, y teniendo en cuenta la importancia del proyecto, el Gobierno representado por el Ministerio de Minas, Ecopetrol, Petrobras y otros gremios presentaron una impugnación para que se revisaran los alcances de la decisión.
“En el Ministerio de Minas y Energía reiteramos nuestro compromiso con una gestión responsable de los recursos naturales que garantice el bienestar de todos los colombianos y la seguridad energética del país”, reseñó en esa oportunidad el ministro Andrés Camacho Morales.
En el recurso se puso de presente la necesidad de adelantar actividades en la mencionada zona: “Es crucial para la sostenibilidad energética”.
Desde varios sectores han advertido que la explotación del pozo, conocido como Uchuva 2, solucionaría, en parte, la crisis de reserva que se han estimado desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
En diciembre de 2023, el Informe de Recursos y Reservas (IRR 2023), advirtió que el descubrimiento Uchuva se encontraba en etapa de delimitación y carecía de historia de producción comercial, según precisa el Ministerio de Minas.
El pozo Uchuva 2, actualmente en perforación, ha sido diseñado para delimitar este descubrimiento y reducir las incertidumbres sobre el yacimiento, esencial para determinar su potencial comercial.
El fallo judicial se emitió justo en medio de todo tipo de alertas por las bajas reservas y una amenaza de racionamiento.
El presidente del Grupo Energía Bogotá, Juan Ricardo Ortega, lanzó una alerta por una posible escasez de gas para diciembre próximo. “Si no conseguimos los 5 millones de pies cúbicos diarios para poder operar las compresoras, Bogotá no va a tener gas. A hoy, no existe el gas para diciembre y en 2026 el faltante es inmenso”, afirmó Ortega.