Indepaz y la Defensoría del Pueblo revelaron alarmantes cifras de los ataques y asesinatos de líderes sociales en Colombia; a la fecha, se reportan 171 líderes asesinados, 58 de los cuales han ocurrido desde que Gustavo Petro asumió la Presidencia.
El último asesinato se registró el pasado fin de semana en Tibú, Norte de Santander, donde fue asesinado Nicodemus Luna Mosquera, líder de la Unión Sindical Obrera del municipio.
De acuerdo con Indepaz, esta es la cifra más alta que se había registrado desde 2021, con 161 casos. Por su parte, la Defensoría del Pueblo registró, a septiembre de 2022, 157 asesinatos, 12 más que en 2021.
Por otra parte, Indepaz informó que, en lo que va corrido del año, se han reportado 90 masacres, 28 de ellas desde que se dio el cambio de gobierno en agosto.
Igualmente, se registra que de los líderes asesinado 36 eran firmantes del acuerdo de paz con las Farc.
Perfil de los asesinados
El perfil de los líderes sociales asesinados durante 2022 es calcado. La mayoría son personas de escasos recursos económicos, habitantes de zonas rurales donde ejercen labores como presidentes de juntas de acción comunal, representantes de organizaciones sociales, coordinadores de proyectos sociales o miembros de cabildos indígenas, así como de comunidades afrodescendientes.
Por ejemplo, Carlos Andrés Posada, a quien asesinaron el pasado 14 de noviembre en la vereda Mandarinos, zona rural de Ituango, se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal y, aunque salió desplazado por amenazas de muerte, en julio de 2021 regresó con cuatro mil personas, todas víctimas del conflicto armado, a quienes lideraba en el proceso de retorno a sus territorios.
También adelantaba proyectos productivos y de infraestructura para su comunidad, pero todo eso quedó paralizado cuando el 14 de noviembre hombres armados entraron hasta la sala de su casa y lo atacaron con ametralladoras a quemarropa. La muerte de Carlos Andrés originó un nuevo desplazamiento en ese municipio antioqueño. Y tal parece que en esta escalada violenta, los líderes sociales no están a salvo ni en sus casas.
A Francisco Sarco Pipicay y Carlito Urágama Cano, miembros de la guardia indígena de la comunidad emberá Playa Bonita de Quibdó, Chocó, los asesinaron el 11 de noviembre también en la sala de su casa. Los comuneros compartían vivienda. Los hombres armados llegaron en la madrugada, balearon la puerta, entraron, hicieron arrodillar a Francisco y Carlito, luego les dispararon en frente de sus familiares. En las indagaciones preliminares de las autoridades reposa en el acta que “nadie vio, ni escuchó nada”.
¿Qué dice el Gobierno?
Contrario a lo que se creía, los 58 asesinatos durante el gobierno del presidente Gustavo Petro no han sido el centro del discurso del mandatario, ni de sus ministros. Poco se ha hablado del tema, más allá del planteamiento de una paz total que cobije a diferentes actores de la violencia en Colombia. No obstante, mientras empieza a caminar con firmeza esa iniciativa de paz, aquellos que se acogieron al proceso de la Habana siguen siendo asesinados también.
Pero la escalada de violencia no es solo contra líderes sociales y excombatientes de las Farc que se acogieron al proceso de paz, en cuanto a las masacres, los números también muestran una tendencia de estos hechos durante el último año. En los primeros ocho meses de 2022 ocurrieron 61 masacres en Colombia y en los últimos tres meses se registraron 29, para un total de 90. Dos de las tres últimas fueron reportadas en Putumayo, departamento donde en menos de 30 días asesinaron a 25 personas en tres eventos de homicidios grupales.
El presidente Petro reseñó que lo que está ocurriendo en ese departamento es una disputa armada a gran escala entre estructuras al servicio del narcotráfico.
“Miren lo que vimos en Putumayo, ¿ustedes creen que esos son los conflictos de una guerrilla política que quiere tomar el poder nacional y hacer una revolución? Lo que vimos en el Putumayo es el conflicto entre dos disidencias que dicen ser de las antiguas Farc, masacrándose de una manera tan dantesca”, dijo el mandatario al referirse al asesinato de 18 personas el pasado 22 de noviembre.
Mientras el Gobierno reparte responsabilidades entre los criminales, en las regiones apartadas continúa el baño de sangre. La espiral de violencia avanza hacia unos números alarmantes que parecen no tener dolientes, más allá de los familiares y allegados de los muertos.