El anuncio del presidente Juan Manuel Santos de inaugurar en noviembre del 2016 el Túnel de La Línea se tendrá que postergar una vez más. Este viernes vence el plazo del contrato que tiene el ingeniero Carlos Collins para entregar una de las obras de infraestructura más importantes del país, que conecta el occidente con la capital. Le recomendamos: Obras del Túnel de la línea: cinco años y nadaEl contratante, el Invías, lleva varias reuniones a puerta cerrada buscando la solución menos traumática. Hay dos escenarios posibles. Primero, la caducidad del contrato, decisión que estuvo a punto de tomar la entidad hace un año, pero al final terminó negociando con el contratista. Segundo, Invías podría aceptar la nueva petición de prórroga de Collins, el representante legal de la Unión Temporal Segundo Centenario. Desde mediados de año, en una audiencia convocada por la Contraloría, Collins alertó porque no alcanzaría a entregar las obras el 30 de noviembre como estaba pactado. Y pidió 75 días más para la entrega definitiva. Argumentó demoras en los desembolsos del Gobierno y un paro camionero que afectó el transporte de insumos como combustible, cemento y materiales triturados.Le puede interesar: Gobierno logró acuerdo con Collins en túnel de La LíneaLos escenarios no son alentadores. Una caducidad implicaría una sanción millonaria que terminaría por ser asumida por la aseguradora. En ese caso, fuentes indican que la Nacional de Seguros (NASE), una de las más importantes de Panamá, tendría que asumir la responsabilidad del incumplimiento y pagar la multa o podría, incluso, llegar a contratar quién finalice la obra que, según cuentas oficiales, va en el 89 %. Esta última es una alternativa que se discute aún en voz baja, ante la incertidumbre que genera la ruta que podría tomar el Gobierno. Y más teniendo en cuenta que si la aseguradora asume el fin de la obra, evitaría que el Gobierno tenga que convocar a una nueva licitación. Esto atrasaría la entrega final al menos medio año más.Cualquier salida es polémica. Para fuentes cercanas a Collins, quitarle el contrato implica el inicio de un pleito en donde está latente el interrogante de si existe una circunstancia grave que amenace el servicio público. Esto, teniendo en cuenta que aunque Collins entregue, hubo retraso en la adjudicación de la licitación de los equipos electromecánicos, lo que implica que sólo el primer semestre del 2018 terminarán de ser instaladas las redes eléctricas y de ventilación. La obra salió cara para todos. El ingeniero Collins tiene convocado otro tribunal de arbitramento que en marzo deberá emitir un fallo definitivo sobre si el Estado debe pagarle más de 140.000 millones de pesos por el cambio del método constructivo: Invías pidió concreto hidráulico, lo que elevó sustancialmente los costos de la obra. En un primer pleito, que desató una guerra con la Contraloría de Sandra Morelli, Collins terminó logrando en una conciliación con el Gobierno una prórroga hasta el 30 de noviembre y el pago de $108.000 millones por los cambios del diseño del trazado durante la ola invernal.Ahora, Collins estaría intentando un nuevo pleito con pretensiones de más de 450.000 millones de pesos; en el sector de la infraestructura se dice que a estas alturas tiene más abogados que operarios. De esta manera, la obra que se contrató por 630.000 millones de pesos no sólo lleva dos años de retraso sino que requirió adiciones por encima de 330.000 millones de pesos. ¿Cadena de equivocaciones o nuevo paso de un increíble viacrucis judicial?