El pasado viernes 6 de septiembre, en una inusual alocución a las 7 de la noche, el presidente Gustavo Petro anunció, en medio de la crisis por el paro camionero, que el Gobierno de Iván Duque había adquirido por 11 millones de dólares el software Pegasus, con el cual habrían ejecutado acciones de interceptación de comunicaciones para afectar la campaña presidencial de 2022.
La revelación generó un gran debate político y hasta jurídico. Un mes después, son más dudas que certezas las que existen sobre las afirmaciones del jefe de Estado sobre la compra de este software espía a Israel.
Esto tras los pronunciamientos hechos tanto por el Departamento Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Fiscalía General, que no han encontrado evidencia de lo dicho por el presidente Petro.
Este martes, el despacho del magistrado del Consejo de Estado, José Roberto Sáchica, notificó la admisión de la demanda presentada por el abogado Stefan Medina Bravo, de la veeduría ‘Antioqueños por Colombia-Abogados por la verdad’ en contra de la Presidencia de la República.
En la acción judicial, que reclama la vulneración de los derechos y garantías fundamentales, se pide la retractación sobre la alocución del pasado 6 de septiembre si se llega a confirmar que lo dicho por el presidente no tiene un asidero.
En los últimos días, el jefe de Estado y varios de sus ministros han promovido el discurso sobre la compra de este software espía, pero no han demostrado la evidencia de haberlo adquirido con la empresa NSO Group.
El pasado 23 de septiembre se conoció que Colombia quedó por fuera del Grupo Egmont, una organización clave en el trabajo que hacen los gobiernos para desmontar las redes internacionales de narcotráfico, lavado de activos y terrorismo, tras la filtración de Gustavo Petro.
Frente a este tema, según señalaron desde la Fiscalía a SEMANA, en sus investigaciones han revisado los celulares de magistrados de las altas cortes y de la Justicia Especial para la Paz (JEP), pero hasta ahora los hallazgos han sido nulos, no se han encontrado huellas o pruebas de chuzadas en los equipos de los togados.
En un comunicado conjunto encabezado por el exministro de Defensa, Diego Molano, y el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, almirante en retiro, Rodolfo Amaya, se negó la compra de este software durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022).
“Desde la Presidencia de la República nunca se ordenó la adquisición del software denominado Pegasus por parte del Estado colombiano. El expresidente Iván Duque Márquez no participó en algún proceso de adquisición de bienes y servicios estatales. La instrucción para todas las entidades fue clara: seguir estrictamente los lineamientos de contratación estatal, garantizando la transparencia en el uso de los recursos públicos”.
El comunicado advierte que “durante su mandato, el expresidente Iván Duque Márquez dio directrices claras y explícitas a todos los funcionarios para que actuaran en estricto cumplimiento de la Constitución y la Ley. Bajo su liderazgo y con estricto apego a la Constitución y las leyes, todo el aparato de seguridad del Estado fue utilizado exclusivamente para enfrentar al crimen organizado y contrarrestar las amenazas a la seguridad nacional”.