El incumplimiento del abogado Arcadio Martínez Pumarejo, defensor de la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe Silvia Gette, a una audiencia en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla el pasado viernes rebosó la copa del juez de control de garantías que lo volvió a citar rápidamente para mañana, 9 de septiembre, con una advertencia de por medio: “citar para esa fecha a un abogado de la Defensoría del Pueblo para que lo represente en caso de ausentarse injustificadamente y a su vez dio el ultimátum de proceder a declararlo en contumacia”.
Aunque la protagonista principal de esta historia es la exrectora Silvia Gette que ya fue condenado por corrupción y por el desvío de millonarios montos del centro educativo, el caso de su abogado Martínez Pumarejo es derivado del de su defendida, pues los dos fueron condenados por sobornar, con $500 millones, al exjefe paramilitar Édgar Ignacio Fierro, ‘Don Antonio’, con el objeto de que cambiara su testimonio dentro del proceso por la muerte del ganadero Fernando Cepeda, esposo de la hijastra de Silvia Gette, María Paulina Ceballos.
Aunque Gette y Martínez Pumarejo ya fueron condenados por este hecho, el proceso por el que es requerido en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla, sería porque la Fiscalía 29 seccional de Administración Pública, pide que responda por otro acto de soborno e intento de destrucción de material probatorio, que se dio justamente cuando fue capturado en flagrancia tratando de sobornar al exjefe paramilitar.
La historia es así, presuntamente ese 10 de febrero de 2013, día de la captura, el abogado Martínez Pumarejo pretendió, a escondidas de los miembros del CTI de la Fiscalía destruir una simcard y uno de los celulares incautados y, al ser descubierto desplegando este ilícito, procedió a ofrecer dinero a los investigadores que lo custodiaban. Este es el proceso que tiene pendiente el abogado, pero que no ha avanzado por los continuos aplazamientos.
En el juicio, en el que ya fueron condenados Gette y Martínez Pumarejo, la Fiscalía acusó a la exrectora de haber ofrecido 500 millones de pesos a ‘Don Antonio’ y rectificara su versión de que organizó el plan para asesinar a Cepeda, e inculpar de ello a Ceballos.
Para el ente acusador hubo suficientes pruebas documentales y testimoniales para inferir el delito supuestamente cometido por la exrectora. “Quedó demostrado, por los testimonios que la Fiscalía presentó contra Silvia Gette Ponce, que se estaban ofreciendo dineros para alterar el proceso”, señaló la representante del ente acusador en su momento.
Finalmente, La juez 34 de conocimiento de Bogotá condenó en agosto de 2015, a la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe y su abogado fueron condenados por el delito de soborno, y fueron beneficiados con casa por cárcel.