Si el primero de enero de 2016 empieza el cese bilateral del fuego entre las Farc y el gobierno eso quiere decir, en la práctica, que se acaba la guerra en Colombia. Meses atrás Santos había prometido que si se aceleraba un acuerdo sobre justicia y se cerraba el punto de víctimas, se podría adelantar el cese. Este había sido un anhelo de la guerrilla desde que comenzaron las conversaciones, pero el gobierno lo había rechazado hasta el momento. Es que las condiciones han cambiado. Hoy está claro que la firma de un acuerdo con las Farc prácticamente no tiene reversa. Luego de haberle puesto fecha y de llegar a la recta final del espinoso tema de las víctimas, este es el momento adecuado para silenciar los fusiles. Pero no será tan fácil como parece, ni depende solo de que la ONU apruebe una misión para Colombia. Santos está empujando este punto porque espera que las Farc cedan en otros terrenos en los que la negociación está enredada, específicamente en el tema de la justicia. Esta semana por fin se reunieron los abogados de ambas partes para aclarar las diferencias de interpretación sobre el acuerdo que crea la Jurisdicción Especial de Paz. Hasta el viernes en la tarde no había humo blanco. El jueves pasado, mientras Santos le decía a Timochenko que acogía su idea de acelerar el cese, el jefe guerrillero puso en Twitter una foto del encuentro de los dos en La Habana con un texto dirigido al presidente que dice: “Estrechón de manos suponía acuerdo de justicia de 75 puntos, punto de partida de los 6 meses”; y agrega que “nos faltan 152 días, máximo, para lograr esa paz y aún no se ha cerrado acuerdo de justicia, a lo que viajé a La Habana”. También falta llegar a un acuerdo sobre reparación a las víctimas, pues las Farc insisten en que no tienen dinero ni bienes para tal fin. Sin terminar estos puntos no se podrá cerrar el de víctimas y, por tanto, no puede haber cese. El problema es que el tictac del reloj no se detiene. En cuanto al fin del conflicto, que es el tercer tema de la agenda de La Habana, en que vienen trabajando una subcomisión desde principios del año –en cabeza del general del Ejército Javier Flórez y el jefe guerrillero Carlos Antonio Lozada– hay avances, pero no tantos como los que requiere el armisticio. El cese bilateral, al ser definitivo, requiere que estén claramente pactadas por lo menos dos cosas: cómo será la dejación de armas y cuáles serán las garantías de seguridad para los guerrilleros. El otro entuerto que tiene que resolver esta subcomisión, en la que no hay acuerdo aún, tiene que ver con la concentración de las tropas insurgentes. Para la guerrilla lo que no está escrito en el acuerdo marco de seis puntos no existe y allí la palabra ‘concentración’ no aparece por ningún lado. Por eso, ellos aspiran a silenciar las armas, pero quedándose en los sitios en los que están. Ese es el modelo estatua que Humberto de la Calle ha descartado de plano. Pero el gobierno considera de sentido común que para verificar el cese y el desarme, la guerrilla tiene que concentrarse. Otro problema es que si bien la subcomisión ha avanzado, la Mesa en pleno no ha aprobado lo que allí se ha hablado. Y la amarga experiencia del acuerdo sobre justicia dejó en claro que los textos no pueden salir del horno sin estar plenamente cocinados. Si estos escollos de la negociación se resuelven, entonces las dos partes tendrán que solicitarle al Consejo de Seguridad de la ONU aprobar una misión en Colombia que se encargue de la verificación. Las Farc insisten en que Unasur también cumpla ese papel. Al respecto el gobierno no ha dicho ni sí, ni no. Al final de todo esto, si hay suerte, la misión de verificación podría estar lista para enero y, por tanto, el cese del fuego sería una realidad. Y entonces empezará la parte realmente difícil: mantener un cese del fuego en territorios donde están desbordadas las bacrim y el ELN; establecer mecanismos de comunicación y solución de las controversias que surjan; y mantener a raya a los saboteadores que saben que esta es la prueba ácida para cerrar con éxito el proceso de paz.