Después del retiro del proyecto de reforma radicado por el Gobierno nacional, expertos coinciden que es clave que el país tramite con urgencia una propuesta para cubrir el hueco fiscal y que, además, no desestabilice las finanzas de la clase media.
Los gremios desde un principio se mostraron preocupados con la propuesta que había presentado Gobierno. Desde la Sociedad de Agricultores de Colombia y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) señalaron que la reforma que se debe tramitar tiene que responder a la coyuntura que vive Colombia y por lo mismo no debería ser estructural. Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, hizo énfasis en la necesidad de hacer una reforma que tenga equilibrio fiscal, no necesariamente una tributaria, o que se modere la que se ha presentado, incorporando otras fuentes de ingresos e incluyendo “una profunda austeridad en el gasto público”.
Desde el centro de estudios Económicos Anif se advirtió que la estrategia de hacer reformas para cubrir la necesidad del momento ha llevado a que el país tenga una estructura tributaria de bajo recaudo, inequitativa, que grava mucho a unos pocos y que facilita la evasión. “La propuesta del Gobierno es una buena propuesta porque ataca los problemas. Pone a más gente a pagar el impuesto de renta de acuerdo con sus capacidades”, puntualizó Mauricio Santamaría, presidente de la Anif.
Por su parte Bruce Mac Master, presidente de la Andi, afirmó que una alternativa es hacer una reforma en la cual se puedan recaudar un poco más de 13 billones de pesos al año y no los 25 billones que planteaba la reforma propuesta. Mac Master profundizó en la propuesta que han hecho desde la entidad, que incluyen suspender la medida de descuento del impuesto ICA en el impuesto sobre la renta, durante el período necesario. Así mismo, destacó que es importante “aplazar la reducción de la tarifa general del impuesto sobre la renta y establecer por dos años el impuesto al patrimonio para personas naturales con patrimonio superior a 5.000 millones”.
Para Martín Acero, socio director de Philippi Prietocarrizosa, si ese recaudo no está acompañado de la promoción del ahorro, de la inversión, de la protección del empleo y del desarrollo empresarial y económico, en tres o cuatro años el país tendrá otra reforma. “Si no hay medidas estructurales en el largo plazo para poner a Colombia a competir con otros países por los recursos esto va a seguir igual”. Una postura que comparte Juan Guillermo Ruiz, socio y director del área tributaria de Posse Herrera Ruiz, quien advirtió que es necesario lograr un consenso básico “para sacar adelante la coyuntura fiscal de Colombia o el efecto será peor para el país”.
Desde el sector energético aseguraron que los tributos que incluía la reforma como el impuesto al carbono tendría un efecto negativo, pues grava al carbón y al gas. Según Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), se estaría hablando de un sobrecosto de energía del 7 al 12 por ciento de incremento del valor para el sector industrial, y para los hogares colombianos de aproximadamente el 5 por ciento. Desde Naturgas si bien apoyan la generación de impuestos verdes que ayuden a desincentivar el uso de energías contaminantes, se hace énfasis en que deben ser progresivos y graduales para evitar una afectación en la competitividad.
En estos encuentros digitales -organizados por Foros Semana, Posse Herrera Ruiz, Philippi Prietocarrizosa, Brigard Urrutia, con el apoyo de Andeg- también participaron centros de pensamiento como Fedesarrollo, que mostraron su apoyo a la propuesta del Gobierno. Desde la rama legislativa, congresistas como Richard Aguilar y Rodrigo Lara fueron enfáticos en que se convoque a un gran pacto nacional para llegar a un acuerdo en el que la gradualidad, la equidad y la progresividad sean los factores primordiales.