El año pasado la consulta anticorrupción marcó un hito, pues logró llevar a casi 12 millones de colombianos de todos los sectores políticos a expresarse contra ese flagelo. Además, las movilizaciones y la mayor participación en las urnas evidenciaron el rechazo de los ciudadanos hacia este fenómeno. Esa indignación ha hecho que los colombianos empiecen a exigir cambios estructurales y medidas más contundentes para atacarla. Sin embargo, más allá de las dificultades para ponerse de acuerdo sobre la pertinencia de los puntos de la consulta, luego de varios meses poco ha avanzado el gobierno para responder a las demandas de los colombianos.Según Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, a la fecha no ha concretado ninguno de los puntos de la consulta anticorrupción ni ha corregido los vacíos en la normatividad. “Esa inacción resulta preocupante, especialmente en esta época en la que la corrupción parece poner contra las cuerdas al Estado colombiano”, dice Hernández. Por esa razón, considera que en 2019 el Congreso y el gobierno deben acordar un trabajo prioritario alrededor de temas como contratación pública, declaraciones de bienes y renta de funcionarios, protección a denunciantes y responsabilidad penal de personas jurídicas. En últimas, que las acciones contra la corrupción no solo lleguen después de los desfalcos a las arcas públicas, sino que puedan prevenir estos hechos con mejor información y transparencia estatal. Precisamente el presidente Iván Duque designó a la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, para trabajar en la lucha contra la corrupción. Ella lo ha tomado como un desafío para “devolverles a los colombianos la confianza en sus instituciones a través de su fortalecimiento, la promoción de la transparencia y la profesionalización del servicio público”. Ramírez aseguró que el gobierno desarrolla una aproximación integral con cinco ejes de acción. Estos incluyen la comprensión y análisis del fenómeno; prevención por medio de la educación y el fortalecimiento de la ética e integridad; el fortalecimiento institucional, la articulación y coordinación de los diferentes entes del Estado; y la investigación de los hechos. “Nuestro énfasis está en adoptar medidas preventivas para hacer frente a las debilidades sistémicas e institucionales que propician la corrupción”, aseguró la vicepresidenta. Para esto, buscará trabajar en concordancia con los estudios realizados por la Ocde y mejores prácticas internacionales. En ese proceso, resulta fundamental fortalecer los órganos de control. Estos deben tener la capacidad de realizar un acompañamiento preventivo, principalmente en las distintas modalidades de contratación pública, de forma que los recursos del Estado tengan un uso eficiente y transparente. Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de Industria y Comercio, coincide en esto con la vicepresidenta. Para Robledo, las entidades del Estado encargadas de investigar y sancionar a quienes violan la ley deben tener más fuerza y capacidades de investigar y sancionar. “Cuando las personas ven que hay instituciones fuertes que efectivamente aplican sanciones drásticas a los corruptos, tienen menos posibilidades de violar la ley”, explicó. De hecho, en los últimos días, la opinión pública ha rechazado que algunos contratistas y exfuncionarios condenados por corrupción hayan quedado libres después de cumplir condenas cortas y sin devolver la totalidad de los recursos que malversaron. Para recuperar mejor esos activos y alcanzar una reparación efectiva de los daños causados por la corrupción, el Estado ha explorado diferentes caminos. Uno de estos es la extinción de dominio, que existe desde hace varios años en el país. Sin embargo, todavía es necesario aplicarla con mayor decisión y rigurosidad. “Tenemos que ser estratégicos para perseguir de manera más audaz las posibles fuentes de enriquecimiento ilícito de personas cercanas a los corruptos o la forma como han utilizado los recursos desviados”, aseguró Andrés Hernández. Aquí la ciudadanía cumple un rol crucial, pues sus denuncias pueden facilitar el trabajo de las autoridades. Por esto, la vicepresidencia ha habilitado nuevos canales de denuncia por medio de los cuales los ciudadanos pueden entregar información relevante que permita actuar a tiempo. Pero el sector privado también debe comprometerse con este propósito. Como afirma David Colmenares, CEO de Allianz Colombia, actuar con principios de ética y transparencia en las empresas representa una gran contribución al desarrollo y la justicia social. A raíz de esto la compañía, en alianza con Transparencia por Colombia, puso en marcha el Programa Integral de Ética y Anticorrupción Empresarial, que ha contribuido a sensibilizar a sus empleados y aliados en códigos y programas de ética. Para explicar a cabalidad estas medidas y discutir en general cómo acabar las prácticas corruptas, el ‘Gran Foro Colombia 2019 ¿para dónde va el país?’ contará con la participación de Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de la República de Colombia; Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de Industria y Comercio; Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia y David Colmenares, CEO de Allianz. Además, el director de Compliance, Forensics and Intelligence para la Región Andina en Control Risks, Nicolas Letts, presentará una mirada internacional del tema. Este encuentro es organizado por SEMANA, Dinero, Ecopetrol, Esenttia, UnitedHealth Group-Colmédica-Clínica del Country y el Hotel Intercontinental Cartagena de Indias; con el apoyo de Allianz, Surtigas, Grupo Ortiz, KMA Construcciones, la Cámara de Comercio de Cartagena, ISA y Matrix Consulting. Para comprar su boleta con 20% de descuento ingrese a www.ForosSemana.com