Un patrullero de la Sijin, en el municipio de Calima Darién, en el departamento del Valle del Cauca, logró concretar una alianza criminal con un concejal del mismo municipio, para ofrecer alternativas de evadir a la justicia. Lo hicieron con una persona que estaba procesada por lesiones personales.
Los dos funcionarios se acercaron a la familia del procesado para explicarles que ellos tenían la “posibilidad” de retrasar una orden de captura que estaba por salir en su contra y que ese “servicio” tenía un costo. El patrullero y el concejal, según la investigación, exigieron la suma de 7 millones de pesos para evitar la captura.
Las víctimas de estas exigencias de dinero, para evitar la captura de su familiar, accedieron al pago, le entregaron dos millones de pesos y quedaron pendientes otros cinco. Sin embargo, ese compromiso corrupto no se cumplió y el mismo patrullero que, aparentemente, hizo las exigencias, se encargó de hacer efectiva la orden de captura.
“El señor concejal Jairo Ortiz en compañía del policía judicial de la Sijin, Héctor Fabio Díaz Benjumea, citan a la esposa del indiciado en la casa del señor Ortiz y le plantean una forma de ¨ayudarles¨, la cual consistía en que les entregaran una suma de 7.000.000 de pesos a cambio de dilatar la investigación y la posible orden de captura”, señalaron fuentes del proceso.
Los afectados denunciaron que, en el curso de la investigación y de la eventual orden de captura en contra de su familiar, un policía y un concejal del municipio, le hicieron las exigencias de dinero que cumplieron en parte, pero que no fueron suficientes para evitar la acción de la justicia. Desde ese momento se ordenaron las investigaciones correspondientes.
“Ante el hecho tan reciente, la esposa del indiciado accede a la petición y acuerda reunir 2.000.000 de pesos que iban a ser entregados al concejal, como finalmente ocurrió. Días después, el policía judicial les reclama por los 5.000.000 de pesos restantes, los cuales no habían podido conseguir en los tiempos establecidos por el policía judicial. Finalmente, el ciudadano fue capturado por la misma policía judicial Díaz Benjumea”, advirtieron las fuentes cercanas a la investigación.
El grupo contra la corrupción de la Dijin adelantó la investigación y logró establecer, a partir de los elementos materiales probatorios, las declaraciones y todos los documentos obtenidos, que efectivamente hubo unas exigencias de dinero para evitar la orden de captura que finalmente se cumplió.
El presunto negocio corrupto que mantendrían el concejal y el funcionario de policía, quedó al descubierto con la investigación y las declaraciones de las víctimas que advertían que tras no conseguir la totalidad del dinero la orden de captura en contra de su familiar se hizo efectiva por cuenta del policía ahora capturado.