No dejan de sorprender las decisiones de la justicia en casos tan particulares como la violencia intrafamiliar y de género. Hace una semana se criticaba la actuación de un juez en Bogotá que ordenó una detención domiciliaria contra el hombre que atacó con thinner a su pareja sentimental. Ahora, una situación similar se vive en el departamento de Cesar.

La Fiscalía capturó a un hombre que durante cinco años golpeó a su pareja sentimental, a la que conoció cuando aún era menor de edad. Las agresiones incluso ocurrieron cuando la mujer se encontraba en embarazo. Sin embargo, un juez de Valledupar le concedió la detención domiciliaria, es decir, lo regresó a la casa, al sitio donde fue capturado.

“La Fiscalía General de la Nación, Seccional Cesar, judicializó a Edwin Alfonso Cantillo Arrieta, como presunto responsable del delito de violencia intrafamiliar agravada, luego que su excompañera sentimental lo denunciara por continuos maltratos a los que, presuntamente, era sometida”, dijo la Fiscalía.

El reporte que tienen los investigadores a cargo de este caso, indica que el hombre judicializado se emborrachaba, luego agredía físicamente a su pareja sentimental y la amenazaba reiteradamente en presencia de su hijo. La mujer soportó el maltrato hasta que los mismos vecinos advirtieron a la Policía.

La intervención de la Fiscalía permitió que la mujer tomara la decisión de denunciar y así librarse de las agresiones que vivió durante un lustro de convivencia con su agresor. El objetivo era lograr que se hiciera justicia. Sin embargo, y a pesar del material probatorio que presentó el fiscal del caso, un juez decidió devolverlo a la casa.

“Los elementos materiales probatorios dan cuenta que Cantillo Arrieta habría agredido en reiteradas ocasiones a la víctima amenazándola de muerte. Según las investigaciones, los maltratos se habrían presentado por 5 años, cuando la víctima era menor de edad, tiempo en el que su pareja, al parecer, la golpeaba cada vez que ingería licor, incluso cuando estuvo en estado de embarazo”, explicó la Fiscalía tras advertir el resultado de las audiencias preliminares.

En las diligencias, la Fiscalía incluso presentó las entrevistas hechas a la víctima, al menor de edad que tenían en común y a los vecinos del sector que advirtieron de las agresiones constantes de este hombre en contra de su propia familia, luego de consumir bebidas embriagantes en las tiendas del sector.

Nada fue suficiente para hacer entrar en razón al juez de control de garantías, respecto de la peligrosidad que representaba este hombre para su propia familia, incluso para la sociedad, pues algunos testigos aseguraron que cuando se emborrachaba atacaba a todo aquel que se atravesara.

“Entrevistas con la víctima e informaciones suministradas por testigos fueron determinantes para que el fiscal del caso sustentara la imputación. La captura del hoy procesado estuvo a cargo de uniformados de la Policía Nacional”, advirtieron los investigadores del caso.

El problema, ahora, es para la mujer que se atrevió a denunciar las agresiones de que fue víctima, impulsada con una promesa de justicia, pues con la decisión del juez será ella quien tendrá que abandonar la casa. Lo que antes era el hogar, ahora se convierte en el sitio de reclusión del agresor.