José Manuel Gnecco, señalado del asesinado de su esposa María Mercedes Gnecco, no alcanzó a celebrar que un juez le concedió la libertad por vencimiento de términos, cuando en las puertas de la cárcel lo estaba esperando el CTI para comunicarle otra orden de captura, que un juez acaba de legalizar.
Justamente ese procedimiento, en criterio de la defensa del empresario, en cabeza del abogado Marlon Díaz, se convierte en un problema jurídico para insistir que esa captura es ilegal. Su cliente no alcanzó a disfrutar los beneficios de la decisión anterior y nuevamente la justicia apuntaba el mazo en su contra.
Además, el abogado aseguró que el juez encargado de firmar la orden de captura carecía de competencia por un factor territorial, en otras palabras que no podía emitirla en razón de que se encontraba fuera de la isla de San Andrés y así las cosas, resulta ilegal el procedimiento del CTI que este sábado un juez legalizó.
“Se establezca el derecho a la libertad de mi poderdante, que determine la ilegalidad de ese procedimiento de captura y que por supuesto genera, a partir de este hecho, la necesidad de que la Fiscalía adecúe su comportamiento a los postulados de la buena fe, a que no solamente, como lo dijo la primera instancia, parezca una maniobra de mala fe, sino que reitero se trata de una captura abiertamente ilegal que jamás podría haber sido legalizada”, señaló el abogado.
El juez de control de garantías entendió los argumentos de la Fiscalía para advertir que todo el procedimiento de captura se ajustó a las normas legales vigentes, se respetaron los derechos del procesado y se garantizó la asistencia de un defensor como lo exige la ley, por tanto, determinó la legalidad de la captura de José Manuel Gnecco, ahora señalado de sobornar testigos.
“Se ha ratificado por el Consejo Superior de la Judicatura que este despacho hace parte del circuito judicial de San Andrés. Por ende, puede conocer de las audiencias de control de legalidad, no se advierte de ninguna manera, señor Juez, que existe una actitud de mala fe de esta funcionaria”, manifestó la Fiscalía.
La defensa apeló la decisión del juez de control de garantías y la Fiscalía intervino para insistir en que todo el procedimiento se ajustó a la legalidad y que el argumento de una falta de competencias de parte del juez no se encaja a lo descrito previamente por la misma Corte Suprema de Justicia. Incluso rechazaron que la defensa advierta actos de mala fe de parte del ente acusador.
“Luego entonces no se puede decir por parte del representante de la defensa que se ha actuado con deslealtad en su parte final, que lo anoté porque me llamó mucho la atención, su comportamiento debe estar ajustado a la buena fe. Cuáles son esos elementos de juicio para indicar que la Fiscalía, en este caso esta delegada ha actuado de mala fe”, explicó la Fiscalía.
Las víctimas también rechazaron los señalamientos de la defensa y pidieron al juez de segunda instancia mantener la decisión de legalizar la captura del empresario, que en otro proceso se encuentra ya en etapa de juicio por el asesinato de su esposa María Mercedes Gnecco.