“Como un verdadero desastre” calificó la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, las toneladas de escombros que permanecen desperdigadas por la isla de Providencia desde el paso del huracán Iota en noviembre de 2020, y que no han sido recogidas y dispuestas a causa de la suspensión del contrato de manejo de residuos, cuyo responsable es la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.
Pero hubo un dato muy importante. Durante la visita de la procuradora a la isla, el alcalde, Jorge Norberto Gari Hooke, explicó que el nuevo Gobierno nacional, es decir el de Gustavo Petro, suspendió el contrato para la recolección de estos residuos a su llegada y aún no ha dado luz verde para hacer adiciones presupuestales que permitan reanudar esta actividad.
La jefa del Ministerio Público anunció, luego de recorrer la isla, la apertura de una investigación disciplinaria para establecer responsabilidades puntuales dentro de la UNGRD y lograr que se reinicie la recolección de escombros lo más pronto posible.
“Tomamos las medidas disciplinarias correspondientes para hacer cumplir la sentencia de la Corte Constitucional con respecto a la reconstrucción de la isla y los requerimientos que le hemos hecho a la UNGRD, que es la encargada de dejar esto como estaba antes del huracán”, aseguró la procuradora.
Los ciudadanos de la isla también le contaron a la procuradora que los sitios donde se encuentran los escombros están siendo utilizados como vertederos irregulares de todo tipo de residuos, lo que está afectando a la comunidad y al turismo, las entidades no responden.
“A pesar de las decenas de cartas que he pasado a diferentes entidades, esto sigue siendo usado como basurero, los turistas que llegan ven esto y se van en busca de otro lugar por temor a enfermarse”, asegura un ciudadano administrador de un hotel.
¿Hay menos turismo?
La economía de la isla de San Andrés y Providencia, uno de los mejores sitios turísticos del país, se ha visto fuertemente golpeada en los últimos meses debido a la baja en la cifra de visitantes que se ha registrado desde octubre del año pasado (2022) y que se acrecentó en enero de este año (2023).
A la fecha, ese dato no se repone. Se esperaba, como tradicionalmente se ha registrado, una masiva asistencia de turistas; por el contrario, el deceso de las cifras es mayor y alcanza poco menos de la mitad de los registros anteriores de visitantes.
Según el mismo gobernador de la isla, Everth Hawkins Sjogreen, San Andrés se mantiene en un 90 % de las actividades de turismo. El Consejo de Estado, de hecho, habló del hecho como “la industria sin chimenea”, es decir, que sin turismo comienza la crisis económica.
“Las proyecciones que tenemos para este 2023 muestran que vamos a tener pérdidas por el orden de los 70 mil millones de pesos. Además de las de empleos, el impacto fiscal a la economía del sector formal; también, el impacto de ese 65 % del sector informal, personas que viven del día a día del turismo”, dijo el gobernador.
Para el gobernador Hawkins, toda esta problemática la han desatado dos aspectos: la conectividad aérea y la no alianza entre dos aerolíneas (Viva y Avianca), además del precio actual del combustible.
“El problema está en conectividad aérea. Nosotros estamos perdiendo 19 o 18 vuelos y cada vez tenemos riesgo de que se nos cancelen”, anotó el mandatario departamental.
Como soluciones de emergencia, Hawkins Sjogreen dijo que después del reclamo de los trabajadores del turismo y de los mismos ciudadanos en San Andrés, incluso se decidió mantener con tarifa del 2022 la tarjeta de turismo que deben cancelar los viajeros al llegar a la isla para evitar que esto los indispusiera en visitarla.
“Esa tarjeta de turismo es comprada por el turista en el aeropuerto, hoy está en 115 mil pesos y esa plata es la que no va a entrar, inclusive tuvimos que congelar la tarjeta de turismo a tarifa 2022. Pero el tema no está radicando allí, en que la tarjeta suba a 122 mil o más, sino que el problema está en la conectividad aérea”, aseveró el gobernador.