“Creo que los chuzados éramos nosotros”, escribió Gustavo Petro en sus redes sociales. El candidato presidencial trata de desligarse de su responsabilidad en los explosivos videos revelados por SEMANA en los que se ve toda clase de estrategias sucias para sacar del camino sus rivales, tal como lo hicieron con Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria. Se trató de una filtración, no de una chuzada, aunque el candidato pretenda victimizarse.

Ante la polémica que se ha abierto, desde la campaña de Petro insisten en que están “chuzados”, lo mismo dice el senador Roy Barreras, quien expone las estrategias sucias para desinflar a sus oponentes e incluso plantea escenarios como la negociación con extraditables a cambio de votos para el Pacto Histórico.

Los videos, al parecer, fueron grabados por alguien en el interior de la campaña, un inconforme, algo muy lejano a los argumentos con los que pretenden evadir la responsabilidad.

SEMANA consultó a reconocidos juristas en materia penal, quienes advierten que, de ninguna manera, se trata de grabaciones ilegales, entre otras cosas, porque el periodismo en Colombia goza de protección en este tipo de temas.

El exdirector del CTI de la Fiscalía, Julián Quintana, reconocido abogado penalista, advierte que en este caso no es una chuzada o interceptación ilegal por una razón sencilla: “En las grabaciones se evidencia que todos los participantes dieron su consentimiento para que la reunión fuera grabada. Es decir, que no hay ninguna vulneración a un derecho fundamental como es la intimidad”.

Y lo deja aún más claro: “Si una persona hizo parte del encuentro y estaba autorizada para grabar y luego decide filtrar esa conversación o video, no es chuzada, de ninguna manera. Eso es filtración. Lo que dicen las altas cortes, es claro. Si existe consentimiento para dejar grabar, no hay ilegalidad alguna, sino, repito, se trata de una filtración a medios de comunicación”.

El abogado Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, explica que existe suficiente jurisprudencia en esta materia y deja claro que la responsabilidad nunca puede recaer en los medios de comunicación por publicar el contenido.Para sustentar que no existe interceptación ilegal, las altas cortes se han pronunciado en sentencias históricas: la T-233 de 2007 y la T-276 de 2015.

En los dos fallos se dejó un precedente claro y es que: “Las grabaciones de imagen o de voz realizadas en ámbitos privados de la persona, con destino a ser publicadas o sin ese propósito, constituyen violación del derecho a la intimidad personal, si las mismas no han sido autorizadas directamente por el titular del derecho”.

En los videos en poder de SEMANA es claro que la grabación no solo fue acordada, sino también autorizada, lo que descarta de plano una chuzada ilegal. La segunda sentencia señala que “cuando la recolección de datos de voz o video se realiza sin el conocimiento y consentimiento de quien es grabado, se afecta el derecho a la intimidad, a menos que se cuente con orden de autoridad judicial competente”.

Es decir, chuzada con autorización no es chuzada, como lo quiere hacer creer el senador Roy Barreras, en un claro intento para desmarcarse del escándalo en el que está envuelto. En los videos que han salido en SEMANA se ve claramente que las reuniones fueron grabadas por personas que formaban parte de la reunión, no siendo un tercero el que graba. Por ende, se da el carácter legal.

El candidato Gustavo Petro, el senador Roy Barreras y el jefe de debate Alfonso Prada se equivocan y lo saben, es diferente una “filtración” a una “chuzada”. Buscan el muerto río arriba.